Perspectivas del servidor público para el 2022
Por: Gaspar J. González V.
Comunicador Social
La Federación Nacional de Servidores Públicos y Trabajadores de Empresas de Servicios Públicos (FENASEP), se funda el 20 de septiembre de 1984. Casi un mes después, se promulgó el Decreto Ejecutivo N° 116 del 10 de octubre de 1984, por el cual se Desarrolla y Reglamenta la Estabilidad de los Servidores Públicos, promulgado precisamente, para darle estabilidad laboral a los trabajadores del gobierno.
Actualmente, gracias a estas negociaciones de partes, el servidor público goza del derecho a la sindicalización, cuyas normas en nuestro país, limitaban puntos específicos de los convenios N° 87 y N° 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre el derecho de asociación sindical sin permitir la negociación de convenciones colectivas, condiciones justas de trabajo y mejores salarios para el sector.
Otra de las muchas semillas que en su momento fueron sembradas por la FENASEP y que hoy dan fruto, es la que el presidente de la República Laurentino Cortizo Cohen, sancionó en octubre pasado, conocido como “Proyecto de Ley 524” que modifica la Ley 23 de 2017 y la Ley 9 de 1994, instaurando el derecho al pago de la prima de antigüedad reconocido al servidor público permanente, transitorio, contingente o de Carrera Administrativa y de otras carreras públicas y leyes especiales, en aplicación del artículo 5 del Texto Único de la Ley 9 de 20 de junio de 1994.
En su contenido, se otorga el derecho al pago de una “prima” a razón de una (1) semana de salario por cada año laborado, desde el inicio de la relación permanente, hasta su desvinculación en el sector.
Es un logro de gran significado social normado en el 2021, que para muchos era casi imposible de alcanzar. No fue fácil, pues a través de los años, se dieron impedimentos y negaciones para validar este derecho que implica beneficios económicos para los miles de colaboradores que se desvinculan de la administración pública por diferentes motivos.
Con esta Ley, el presidente Laurentino Cortizo Cohen, deja un importante legado para todos aquellos servidores estatales como un derecho que se hace extensivo a sus herederos o beneficiaros según los procedimientos descritos en la Ley 10 de 22 de enero de 1998, lo cual considero justo para que en caso de fallecimiento o impedimento mayor del servidor, este le sea cedido a sus beneficiarios.
Luego de este logro confirmado por la actual administración, quedan temas a tratar para el 2022. Temas propios de los servidores públicos como la estabilidad laboral y la aprobación de una ley general de sueldos, además de una revisada al código administrativo y todas aquellas normas de interés que atañen a los trabajadores del Estado como concursos, ascensos, facilidades de continuidad de estudios superiores, permanencia, traslados, suspensiones, desvinculación, pensión y jubilación, que deben ser conceptos de ineludible valor que se deben adecuar a las normas actuales para beneficio de todo servidor público.
Será un año 2022 de muchas expectativas para el sector dentro del primer trimestre, pues aún sopesa la incertidumbre de los efectos económicos que sigue generando el Covid-19 a nivel mundial, pero con optimismo, estamos seguros que vamos a seguir dando nuestra milla extra para recuperarnos y hacer el Panamá próspero que tomos queremos.
