Instituto del Canal y Estudios Internacionales de la Universidad de Panamá emite pronunciamiento sobre Concesiones Portuarias
Fecha: 2021-07-01
Carta a quien concierna:
Hacemos referencia a la Resolución de Junta Directiva No. 043-2021 del 23 de junio de 2021 de la Autoridad Marítima de Panamá publicada el 25 de junio en la Gaceta Oficial; en la que se autoriza al Administrador de la Autoridad Marítima de Panamá para que proceda a dar respuesta a la solicitud hecha por la empresa Panama Ports Company, S.A. en relación a la prórroga por 25 años más del Contrato de Concesión, Contrato-Ley No. 5 de 16 de enero de 1997 mediante el cual El ESTADO otorgó en concesión a la sociedad PANAMA PORTS COMPANY, S.A. el desarrollo, construcción, operación, administración y dirección de las terminales de contenedores ro-ro, de pasajeros, carga a granel y carga en general, y sus respectivas infraestructuras, en los puertos de Balboa y Cristóbal.
Desde que se dio el anuncio, tanto sectores populares como la sociedad civil, expertos locales y medios de comunicación han dejado en evidencia que hace falta mucha información sobre la justificación con respecto a lo actuado por la junta directiva. En principio los señalamientos dejan ver que el contrato original ha sido modificado varias veces en detrimento del contrato original, lo que resultó en detrimento al Estado. Esto descalifica el argumento de que por razón de seguridad jurídica, el contrato debe ser prorrogado automáticamente. Existen muchas dudas con respecto al valor real del bien otorgado en concesión y de los beneficios pactados para el Estado. Existen serios cuestionamientos con respecto a tierras e instalaciones que el concesionario subarrienda y a los ingresos que le genera, que están muy por encima de lo que le paga el concesionario al tesoro nacional. Igualmente hay muchos cuestionamientos sobre la estructura financiera que utiliza el concesionario para evitar generar utilidades y con ello afectar el pago de dividendos.
Todos estos señalamientos han puesto en entredicho la transparencia con que la Autoridad Marítima de Panamá y la Contraloría Genera de la República han actuado y por lo tanto han afectado la imagen del Gobierno Nacional y de su administración.
En conclusión, deseamos señalar que no queda claro que dicha prórroga sea conveniente para el país y que el tema merece un análisis profundo por parte de técnicos especializados en la materia para que las futuras generaciones perciban que su gobierno actuó en el mejor interés de los panameños. Entre las opciones que sugerimos, está que se haga uso de la ley recientemente reglamentada para el establecimiento de Asociaciones Público-Privadas. Mediante la cual, se permitiría tanto al propio PPC como a otros operadores interesados presentar propuestas debidamente sustentadas, tal como lo requiere la Ley. Ese mecanismo permitiría que se realicen los estudios técnicos que definan claramente el valor de las inversiones realizadas, el potencial comercial de los puertos, el potencial de demanda y la estructura financiera ideal. Ninguno de estos análisis se ha realizado a la fecha. Otro factor importante es reconocer el beneficio que ha percibido la industria portuaria nacional como resultado de la ampliación del Canal de Panamá. Esta es una inversión que ha hecho el Estado y debe formar parte del valor que se le adjudica a esta ruta y a su potencial. Resulta más que evidente que todos los puertos de la región se han beneficiado de la ampliación del Canal y es lógico que ese beneficio debe contabilizarse y generarle réditos al país dueño de la concesión.
Es imperativo que el gobierno de muestras de que este tema tan sensitivo sea objeto de análisis de la forma más transparente posible. Decimos esto pues la situación actual de las finanzas públicas obliga al Gobierno Nacional a hacer el mejor uso de los recursos y de los activos. En este sentido debemos recordar las luchas generacionales que nos permitieron a los panameños recuperar nuestra soberanía, tierras, instalaciones y actividades económicas que estaban bajo la tutela de los Estados Unidos de América y que por ende deben servir a los mejores intereses de los panameños.
Desde que se dio el anuncio, tanto sectores populares como la sociedad civil, expertos locales y medios de comunicación han dejado en evidencia que hace falta mucha información sobre la justificación con respecto a lo actuado por la junta directiva. En principio los señalamientos dejan ver que el contrato original ha sido modificado varias veces en detrimento del contrato original, lo que resultó en detrimento al Estado. Esto descalifica el argumento de que por razón de seguridad jurídica, el contrato debe ser prorrogado automáticamente. Existen muchas dudas con respecto al valor real del bien otorgado en concesión y de los beneficios pactados para el Estado. Existen serios cuestionamientos con respecto a tierras e instalaciones que el concesionario subarrienda y a los ingresos que le genera, que están muy por encima de lo que le paga el concesionario al tesoro nacional. Igualmente hay muchos cuestionamientos sobre la estructura financiera que utiliza el concesionario para evitar generar utilidades y con ello afectar el pago de dividendos.
Todos estos señalamientos han puesto en entredicho la transparencia con que la Autoridad Marítima de Panamá y la Contraloría Genera de la República han actuado y por lo tanto han afectado la imagen del Gobierno Nacional y de su administración.
En conclusión, deseamos señalar que no queda claro que dicha prórroga sea conveniente para el país y que el tema merece un análisis profundo por parte de técnicos especializados en la materia para que las futuras generaciones perciban que su gobierno actuó en el mejor interés de los panameños. Entre las opciones que sugerimos, está que se haga uso de la ley recientemente reglamentada para el establecimiento de Asociaciones Público-Privadas. Mediante la cual, se permitiría tanto al propio PPC como a otros operadores interesados presentar propuestas debidamente sustentadas, tal como lo requiere la Ley. Ese mecanismo permitiría que se realicen los estudios técnicos que definan claramente el valor de las inversiones realizadas, el potencial comercial de los puertos, el potencial de demanda y la estructura financiera ideal. Ninguno de estos análisis se ha realizado a la fecha. Otro factor importante es reconocer el beneficio que ha percibido la industria portuaria nacional como resultado de la ampliación del Canal de Panamá. Esta es una inversión que ha hecho el Estado y debe formar parte del valor que se le adjudica a esta ruta y a su potencial. Resulta más que evidente que todos los puertos de la región se han beneficiado de la ampliación del Canal y es lógico que ese beneficio debe contabilizarse y generarle réditos al país dueño de la concesión.
Es imperativo que el gobierno de muestras de que este tema tan sensitivo sea objeto de análisis de la forma más transparente posible. Decimos esto pues la situación actual de las finanzas públicas obliga al Gobierno Nacional a hacer el mejor uso de los recursos y de los activos. En este sentido debemos recordar las luchas generacionales que nos permitieron a los panameños recuperar nuestra soberanía, tierras, instalaciones y actividades económicas que estaban bajo la tutela de los Estados Unidos de América y que por ende deben servir a los mejores intereses de los panameños.
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