Artículos de Opinión

¿Y LA DEFENSA DEL ESTADO PANAMEÑO PA’ CUANDO?
13 enero, 2020
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Articulo de Opinión | Dra. Margie-Lys Jaime 

El 2 de enero de 2020, el Presidente Laurentino Cortizo inició su discurso en la instalación de la segunda legislatura del primer período ordinario de Asamblea Nacional, comparando al país como una casa en la que al recibirla el nuevo dueño se da cuenta que “debe 10 años de hipoteca, debe el agua, la luz y para rematar se da cuenta que el techo tiene goteras, la refrigeradora está dañada pero además hay que pagar la escuela, hacer super, comprar medicinas y aun así hay que sacar adelante la familia”.

En su discurso, el Presidente Cortizo reconoció que lo que no hagamos hoy como país, será lo que podemos estar viviendo en 10 años, de ahí la necesidad de establecer políticas de Estado, que vayan más allá de un gobierno. Pero es aquí justamente en donde esta administración se queda corta en visión. Como mencionaba un comentador, no basta con repellar y pintar la casa, hay que trabajar también en los cimientos y posibles daños estructurales.

Dentro del discurso del Presidente de la República escuchamos muchas acciones positivas y un profundo sentimiento de optimismo. Sin embargo, no podemos cerrar los ojos frente a otros temas que también son de gran importancia para la economía nacional, como lo es la defensa del Estado panameño frente al creciente incremento de demandas internacionales.

Dentro de su plan de trabajo, como en su discurso presidencial, el Presidente Cortizo señaló la necesidad de lograr una economía competitiva que genere empleos, para lo cual “urge un plan de defensa, rescate y promoción de la imagen de Panamá a nivel mundial y una estrategia definida para la atracción de inversiones”.Esto se repite a lo largo de su discurso, llevando la batuta la reorientación del servicio exterior con la adscripción de la Agencia para la Atracción de Inversiones y Promoción de Exportaciones (anteriormente PROINVEX) al Ministerio de Relaciones Exteriores (hoy PROPANAMÁ), y algunas iniciativas legislativas como la Ley que crea el régimen de Asociación público-privada (Ley 93 de 2019), aprobada a menos de tres meses de haber asumido el gobierno, y la modificación integral del Texto Único de la Ley 22 de contrataciones públicas a fin de “establecer reglas claras para los inversionistas y eliminar la discrecionalidad de los funcionarios públicos.”

Nadie pone en duda que el establecimiento de reglas claras y transparentes es imprescindible para la atracción de las inversiones. Sin embargo, la migración de PROINVEX, al igual que el traspaso de la industria turística al recién creado Gabinete Turístico, entre otras competencias, han traído como consecuencia el debilitamiento del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI). En efecto, las funciones del MICI para promover el crecimiento económico del país mediante la atracción de capital extranjero, y el uso de los instrumentos comerciales negociados por el país, han quedado en gran parte disminuidas. Mas aún, la función de defensa del estado panameño a la luz de los acuerdos comerciales suscritos por Panamá, jamás ha sido adecuadamente implementada a través de una dirección de defensa comercial que realmente responda a los intereses comerciales del país. Esto llama, entre otras medidas, a una restructuración de las funciones del MICI.

Ahora bien, la adopción de cláusulas arbitrales, ya sea en contratos con el Estado, o a través de acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones (APPRI) o de capítulos de inversión en tratados de libre comercio (TLC) – estos últimos negociados por la Oficina de Negociaciones Comerciales Internacional del MICI, también es un factor importante para la atracción de capital extranjero, puesto que brindan la oportunidad al inversionista extranjero de demandar directamente al Estado panameño, ante un foro neutral e imparcial.

La República de Panamá ha suscrito más de 20 APPRIs y una docena de TLC, y en los últimos 10 años ha sido el objeto de ocho demandas arbitrales ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), por supuestas violaciones a sus obligaciones internacionales nacidas de un tratado de inversión. A estos casos se unen todas las demandas arbitrales, nacionales e internacionales, que la República de Panamá o alguna de sus entidades autónomas o semiautónomas ha sido objeto, generalmente por supuestos incumplimientos contractuales. Estas demandas equivalen a miles de millones de dólares, porque, aunque Panamá logre surgir victorioso de las demandas, existen gastos legales que hay que pagar del erario público, es decir, del dinero de todos los panameños y panameñas.

Sólo en septiembre de 2019, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó el traslado de seis millones de dólares de la partida al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para dotar de fondos a cuatro contratos que deben suscribirse con firmas forenses que representarán a Panamá en arbitrajes internacionales. Estos fondos son independientes de los millones de dólares que entidades del Estado invierten en asesoría. El gobierno panameño no es el único dispuesto a pagar miles de millones de dólares en procedimientos arbitrales, pero quizás sea el menos preparado si lo comparamos con otros países de la región como Perú, Costa Rica y Colombia, por nombrar algunos, que sí cuentan con un sistema de prevención y manejo de controversias inversionista-Estado.

En Panamá no existe un procedimiento específico para atender las controversias que pudiesen surgir en contra del Estado panameño. Más aún, no existe un procedimiento de coordinación interinstitucional en relación a controversias relacionadas con actuaciones de entidades estatales y las medidas preventivas para evitar estas disputas. Tampoco existe una política comercial de negociación ni una capacitación sistemática de los funcionarios que puedan verse involucrados en controversias inversionista-Estado, aunque hasta cierto punto el Ministerio de la Presidencia y la Procuraduría de la Administración parecen haber tomado algunas iniciativas para la formación de funcionarios gubernamentales durante la administración anterior. Sin embargo, esto no es suficiente para reparar los posibles “daños estructurales” que tiene la casa.

El país necesita implementar un sistema de prevención y manejo de controversias inversionista-Estado a través de un comité interinstitucional conformado entre las diversas entidades que pudieran estar involucradas en posibles demandas en contra de la República de Panamá, incluyendo el MICI y el MEF. Asimismo, y, sobre todo, se requiere la creación de una unidad de defensa del Estado especialista en controversias inversionista-Estado, que se encargue de atender a los inversionistas extranjeros que soliciten consultas en caso de posibles controversias, y que posteriormente le dé seguimiento al procedimiento de arbitraje en caso de no lograrse una negociación amistosa, como existe en otros países de la región. Estas son dos instituciones que deberían crearse como una política de Estado, no solo para este gobierno sino para los próximos.

No obstante, hasta el momento, la administración del Presidente Cortizo parece estar realizando “parches en el techo”, en lugar de trabajar en los cimientos de la casa. Un ejemplo de estos parches parece ser el traspaso del Programa de Saneamiento de la Bahía al Ministerio de la Presidencia, quizás para tener un mayor control sobre las demandas arbitrales de las que esta institución ha sido objeto y que pudieran poner en peligro el éxito del Programa.

Dentro de la coyuntura actual en la que se ha visto golpeada la imagen reputacional del país, un sistema de prevención y manejo de controversias-Estado debería constituirse en la insignia del plan de gobierno, cuya materialización marque el inicio de un nuevo futuro para la política comercial y defensa del Estado panameño. Esperemos que el Presidente Laurentino Cortizo escuche este llamado (ignorado por las dos últimas administraciones), y ponga en marcha acciones concretas para que los panameños y panameñas no suframos más consecuencias perjudiciales para la economía nacional en los próximos 10 años.

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