Artículos de Opinión

REGISTROS A VEHÍCULOS POR AGENTE DE POLICIA.
5 de agosto de 2020
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CLAUSULA JURÌDICA.
ARTICULO DE OPINIÒN.
Abogado Renaldo Meléndez.
REGISTROS A VEHÍCULOS POR AGENTE DE POLICIA.
Pleno de la Corte Suprema de Justicia.
Demanda de Inconstitucionalidad.
Demandante: Abilio Camaño Quintero.
Norma demandada: Dos frases del artículo 325 del Código Procesal Penal. Fecha del pronunciamiento judicial: 28 de mayo de 2014.
Magistrado ponente: Víctor L. Benavides P.
Normas que se consideran infringidas: Artículo 25 de la Constitución Política de la República de Panamá.
Fundamentos de la demanda: Las frases demandadas violan el artículo 25 de la Constitución Política de la República de Panamá porque se obliga a la persona a tener que aportar o exhibir la cosa u objeto durante una requisa y registro preliminares, por parte de miembros de la Policía Nacional, como agentes de investigación, que al final de cuentas produce autoincriminación, lo cual es perjudicial y contrario a dicho principio constitucional. Estima también que, se omite, no se toma en cuenta, no se aplica y se pierde de vista, que no se puede obligar, conminar, sugerir, advertir o solicitarle a una persona aportar cualesquiera evidencias que puedan convertirse en pruebas, que vayan a ser utilizadas en su propia contra durante la investigación preliminar o durante el juicio, en perjuicio de su derecho a guardar silencio.
Opinión de la Procuraduría de la Administración: Estima que las frases “solicitándole que exhiba el objeto de que se trate” y “solicitándole que lo exhiba”, contenidas en el artículo 325 del Código Procesal Penal, no son inconstitucionales pues el criterio expuesto por el accionante no está en consonancia con el sentido literal ni el espíritu de la norma de procedimiento penal que únicamente otorga a los miembros de la Policía Nacional las facultades de requisar a las personas y a la de registrar sus vehículos, siempre que medien determinadas circunstancias que expresa la norma y se recurra a la aplicación del procedimiento que para tales efectos ha contemplado el legislador.

Adiciona que el artículo 25 del texto constitucional, que consagra en nuestro medio el principio de discriminación, le otorga a la persona la garantía fundamental de no declarar contra sí mismo o auto incriminarse en asunto criminal, correccional o de policía, de lo que se infiere que el derecho protegido es la libertad que tiene la persona de decidir si declara contra sí mismo, su cónyuge o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, durante el desarrollo de un proceso…
El principio de la no incriminación guarda relación con declarar, responder o rendir testimonio, razón por la que consideramos que la solicitud que hace el miembro de la Policía Nacional a un individuo para que exhiba un objeto relacionado con un delito, no constituye un hecho que pueda considerarse como violatorio de esta garantía individual, como de manera errada lo expresa el accionante.
Consideraciones del Pleno de la Corte Suprema de Justicia:
El primer párrafo del artículo 325 del Código Procesal Penal establece que la requisa de las personas podrá efectuarse cuando existan motivos suficientes para presumir que una persona lleva oculta entre sus ropas o lleva adheridos a su cuerpo objetos relacionados con un delito, agregándose que, para tales efectos, el agente deberá advertirle a la persona la sospecha y del objeto que se busca, solicitándole que exhiba el objeto que se busca, solicitándole que exhiba el objeto de que se trate. En tanto, el tercer párrafo del mencionado artículo preceptúa las mismas disposiciones que las requisas de personas, pero además establece como presupuestos que los registros a vehículos se realicen en presencia del conductor cuando existan razones suficientes para presumir que en su interior puedan ocultarse objetos relacionados con un delito, debiendo advertir el agente policial sobre la sospecha y del objeto que se busca, solicitándole que lo exhiba.
En ese orden, el artículo 25 de la Constitución Política consagra el principio de no autoincriminación, el cual “constituye un derecho humano, que permite que el imputado no pueda ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. El inculpado, protegido por la cláusula de no autoincriminación, conserva la facultad de no responder, sin que pueda emplearse ningún medio coactivo ni intimidatorio contra éste y sin que quepa extraer ningún elemento positivo de prueba de su silencio.” (San Martín Castro, 2014) La norma constitucional contempla una garantía fundamental que precisa que la persona no está obligada a declarar contra sí misma, su cónyuge o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, en asuntos criminales, correccionales o de policía. Es decir, que el derecho a la no autoincriminación deriva del respeto a la dignidad humana, que ciertamente constituye parte esencial en un Estado de Derecho, atendiendo expresamente a una manifestación propia del llamado derecho a defenderse, donde el Estado, a través de su normativa, no puede emplear ningún tipo de corrección para privar al procesado de su libertad de decisión en su proceso; de darse algún tipo de coacción en su declaración, entonces estaríamos ante una nulidad del acto. Al respecto, vale rememorar lo indicado por esta Corporación de Justicia en Sentencia de fecha 16 de marzo de 2011, donde se indica lo siguiente: “Esta Superioridad debe reiterar que la no autoincriminación es considerada un derecho fundamental, ya que permite al imputado no declarar en su contra evitando que se auto inculpe sin estar instruido sobre sus derechos procesales. En este sentido, el imputado tiene el derecho de guardar silencio y no responder sin que pueda compelerse por medio de coacción, sugestión o intimidación a rendir testimonio.” Compilación de jurisprudencia en materia de control constitucional sobre normas del Código Procesal Penal panameño 23 Ahora bien, si revisamos en detalle el contenido literal de las frases acusadas con el contenido de la norma constitucional, estamos ante una clara incongruencia de verbos. Ello, obliga a esta Corporación de Justicia a realizar un análisis en ese sentido, veamos: Las frases acusadas son: “…solicitándole que exhiba el objeto de que se trate” y “solicitándole que lo exhiba”, en ambas se mencionan los verbos solicitar y exhibir. El Diccionario Esencial de la Lengua Española define ambos verbos de la siguiente manera:
Solicitar. (Del lat. Sollicitare) tr. Pretender, pedir o buscar una cosa con diligencia y cuidado. 2. Hacer diligencias o gestionar los negocios propios o ajenos… 4. Pedir una cosa de manera respetuosa, o rellenando una solicitud o instancia.
Exhibir. (Del lat. Exhibere) tr. (…) 2. Der. Presentar escrituras, documentos, pruebas, etcétera, ante quien corresponda.
En tanto, en la norma constitucional (art. 25) se observa el verbo declarar. El Diccionario Jurídico Polilingüe define declarar de la siguiente manera:
Declarar. (del lat. Declarativus) m. Manifestar el propósito, ánimo o ideas.
Luego de definir los verbos que se encuentran inmersos en las frases acusadas y en la norma constitucional, advierte esta Corporación de Justicia que no se observa congruencia entre ellos. Por un lado, el artículo 325 del Código Procesal Penal, consecuentemente, las frases “…solicitándole que exhiba el objeto de que se trate” y “…solicitándole que lo exhiba”, solo otorga, previa formalidad y de acuerdo a determinadas circunstancias, a los miembros de la Policía Nacional la facultad de requisar a las personas y registrar sus vehículos. No obstante, la garantía fundamental consagrada en el artículo 25 de nuestra Carta Magna contempla el principio de no autoincriminación, el cual guarda relación con la declaración que dé una persona, la cual no se encuentra de ninguna manera obligada a efectuarla en su contra, su cónyuge o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, en asuntos criminales, correccionales o de policía; razón por la cual no se verifica violación alguna de dicha garantía fundamental. Enfocándonos nuevamente en la controversia planteada, advierta esta Superioridad que las intervenciones corporales (requisa) y el registro del vehículo a las que hace alusión el artículo 325 del Código Procesal Penal, que contiene las frase acusadas no atentan contra el derecho a no incriminarse, ya que se exige una determina conducta en circunstancias específicas y que además requiere de procedimientos determinados, que no sólo perjudican sino que pueden favorecer, amén cuando estas diligencias deben estar relacionadas con una conducta delictiva. En caso contrario, es decir, de no mediar presupuestos suficientes para tales efectos, estaríamos ante conductas que podrían violentar un derecho humano de primera generación como el derecho a la integridad personal, que no es más que aquel que merecen todas las personas respecto a su desarrollo físico y mental.
No podemos perder de vista que la garantía fundamental consagrada en nuestra Carta Magna se circunscribe a una declaración expresa de la persona, limitando de inmediato la conducta activa del sujeto al que se le realiza el acto, en tanto, no podemos hablar de una vulneración de su derecho a la no incriminación respecto a una diligencia de revisión corporal o de registro de su vehículo.
En ese orden, vale mencionar el trabajo doctrinal realizado por los autores ecuatorianos Miguel Garzón, Francisco Suárez y Hamilton Aguilar, en su obra “Análisis Jurídico del Derecho del Imputado a la No Incriminación y su Comparación al Art. 821 del Código de Procedimiento Penal.”
“Sin embargo entendiendo como declaración ‘el ingreso de información a través de una manifestación oral o escrita’, el concepto de declaración se restringe. Se ha establecido que, al no exigirse una conducta activa de parte del imputado, no podemos hablar de una vulneración de su derecho a la no incriminación. Estas intervenciones son aceptadas por algunas legislaciones aun en contra de la voluntad del imputado. En este punto el desarrollo actual de la doctrina ha tenido que aceptar que la realización de este tipo de medios de pruebas conlleva a una revisión del reconocimiento del imputado como sujeto del proceso siempre y se acepta que en estos casos cumple un papel de objeto de indagación. Las intervenciones corporales como el llamado registro penal o cacheo por el cual una persona es intervenida a fin de descubrir en su cuerpo o su indumentaria el objeto del delito o los instrumentos utilizados para su comisión se encuentran excluidos de este derecho a la no autoincriminación por cuanto se considera, como dijimos, al cuerpo humano como objeto pasivo.

Esto no justifica que pueda hacerse un uso irracional de este tipo de intervenciones que generalmente realiza la policía, sino que debe estar justificado por el presupuesto de la existencia de un delito, pues de otro modo se estaría violentando el derecho a la integridad de las personas.” (Texto electrónico disponible en la página web repositorio.utmachala.edu.ec/jspui/bitstream/12345678/382/1/TUTMACH-FCS-298.doc).
En consecuencia, en virtud del análisis desarrollado, esta Corporación concluye que las frases “…solicitándole que exhiba el objeto de que se trate” y “…solicitándole que lo exhiba”, contenidas en el artículo 325 del Código Procesal Penal, adoptado mediante Ley 63 de 28 de agosto de 2008, no viola el artículo 25 de la Constitución Política, ni ningún otro del Estatuto Fundamental.
Decisión:
DECLARA QUE NO SON INCONSTITUCIONALES las frases “…solicitándole que exhiba el objeto de que se trate” y “…solicitándole que lo exhiba”, contenidas en el artículo 325 del Código Procesal Penal.
Procuraduría General de la Nación Centro de Investigación Jurídica – Dr. Justo Arosemena

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