Artículos de Opinión

Panamá, Estado Parte del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano
25 de agosto de 2019
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Emna Espinosa

 

Emna Espinosa
Abogada y Especialista en Estudios Críticos del Derecho
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El Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y otras Instancias Políticas (PARLACEN), fue suscrito el 8 de octubre de 1987 y Panamá lo aprobó vía legislativa, con la Ley 2 de 16 de mayo de 1994. Actualmente, los Estados parte son: El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, por lo tanto, cada uno, tiene obligaciones con relación a este, dentro y fuera de sus territorios.

Después de, 15 años de estar el Tratado en vigor para Panamá, en el 2009, el Estado comunicó la intención de iniciar el proceso de retiro, posición que, reafirmó posteriormente, ante las objeciones que presentaron algunos Estados, por esta acción, considerada contraria a la integración centroamericana y al derecho internacional público.

Como resultado, la Asamblea Nacional, aprobó la Ley 78 de 11 de diciembre de 2009, “Que deroga las leyes que aprueban los instrumentos internacionales relativos al Parlamento Centroamericano”, instrumento que materializó la intención manifiesta y se publicó en la Gaceta Oficial 26425-A de 11 de diciembre de 2009, para perfeccionar la retirada en el plano nacional e internacional.

La declaración más explicita de Panamá en este asunto, fue el ejercicio de la voluntad y potestad soberana como sujeto de derecho internacional y el respeto al principio de igualdad soberana reconocido en la comunidad internacional, que consagra la Carta de las Naciones Unidas de 1945, de la cual, es signataria. (Asamblea Nacional, 2009). En general, argumentó la ausencia de una mecanismo de denuncia y de disposición que autorizara la terminación, para desvincularse del Tratado. Al efecto, citó disposiciones legales y constitucionales para fundamentar la salida.

Esto explica en parte, por qué el PARLACEN, surge con un Tratado, regido por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratado de 1969 y aprobada por Panamá con la Ley 17 de 31 de octubre de 1979, que impide adoptar y aprobar decisiones unilaterales en el tema, más aún, cuando en el documento convencional, priman dos máximas: la norma “Pacta Sunt Servanda”, que transcribe la obligación de los Estado parte de cumplir de buena fe un tratado en vigor. (Organización de las Naciones Unidas (ONU), 1969, pág. 10) y, la prohibición de invocar disposiciones de derecho interno para justificar el incumplimiento. (ONU, 1969)

La buena fe, juega un rol crucial en los Tratados, porque los Estados deben actuar con disposición absoluta de cumplirlo, absteniéndose de actuar contrario a este, “por cuando, los Estados asumen obligaciones internacionales se espera que el Estado en su totalidad cumpla”. (Federico Andreau, 2014, pág. 16). De la misma forma, todo el aparato estatal debe conducirse hacia el logro del compromiso asumido porque, “las obligaciones internacionales vinculan a todos los componentes del Estado, sin importar su jerarquía o función…” (Andreau, 2014)

Debido a esto, por Sentencia de 2 de febrero de 2012, la Corte Suprema de Justicia, declaró inconstitucional, la Ley 78 de 2009, motivada por una Demanda de Inconstitucionalidad presentada por Julio Berríos, Doctor en Derecho Internacional, que razonó, entre otras cosas, sobre el artículo 4 de la Constitución Política que dispone: “La República de Panamá, acata las normas del Derecho Internacional”. (Asamblea Nacional , 2004, pág. 2), Y concluyó, en la violación de esta disposición por el Estado, enfatizando en la superioridad del Derecho Internacional con respecto al Derecho interno.

Como resultado, por Ley 3 de 7 de febrero de 2013, se restablece la vigencia de la Ley 2 de 1994 y la Ley 4 de 1995, relativas al Tratado constitutivo del PARLACEN y otras Instancias Políticas y sus Protocolos; es decir, Panamá, sigue siendo Estado parte de este organismo. Este resultado indica que, la vía que se adoptó para desvincularse del Tratado fue incorrecta y contraria a la Constitución Política de Panamá.

Profundizar en el conocimiento de este caso, permitiría que la información se utilice en diversos campos de acción como, la investigación, la docencia, la política, la promoción y defensa de derechos, entre otros, además constituye un referente nacional e internacional que aviva los efectos de los tratados ratificados.

Bibliografía
Organización de las Naciones Unidas (ONU). (1969). Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Viena: ONU.
Federico Andreau, T. A. (2014). Convención Americana sobre Derechos Humanos. Comentario Christian Steiner/Patricia Uribe. Alemania: Konrad Adenauer Stiffung.
Asamblea Nacional. (2009). Ley No. 78 de 11 de diciembre de 2011, “Que deroga las leyes que aprueban los instrumentos internacionales relativos al Parlamento Centroamericano. Panamá: Gaceta Oficial 26425A de 11 de diciembre de 2009.
Asamblea Nacional . (2004). Constitución Política de la República de Panamá. Panamá: Gaceta Oficial 25176 de 15 de noviembre de 2004.

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