Por: Adrián Jael Córdoba
El
Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) afirmó que se encuentra supervisando junto con las comunidades locales la calidad del agua en la cuenca cercana a la mina de cobre en
Donoso, cuya operación de
$10,000 millones permanece suspendida desde noviembre de 2023 tras un fallo de inconstitucionalidad de la
Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Juan Carlos Navarro, titular de
MiAmbiente, encabezó este lunes una jornada de trabajo en la zona minera para poner en marcha el
Programa de Monitoreo Participativo Comunitario del Agua, parte del
Plan de Gestión Segura (PGS) autorizado en 2025. Quince comunidades participarán en la vigilancia con respaldo técnico independiente y una cadena de custodia verificable.
El comunicado oficial señala que la supervision busca constatar el cumplimiento de compromisos ambientales relacionados con restauración, reforestación y protección de fuentes hídricas.
La mina, operada por Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, fue paralizada en 2023. En mayo de 2025, el Gobierno del presidente José Raúl Mulino aprobó un plan para procesar mineral almacenado y reducir riesgos ambientales derivados del cierre abrupto. Según datos de la empresa, desde abril pasado se han procesado 38 millones de toneladas de cobre y reactivando alrededor de 3,000 empleos, menos de la mitad de los puestos directos que existían durante la operación plena.
Navarro integra la comisión que analiza la auditoría integral realizada por la multinacional suiza SGS, la cual reportó un cumplimiento del 87.64% de los compromisos ambientales auditables, aunque identificó rezagos en áreas como la reforestación, que alcanzó apenas el 45.7% de lo pactado.
Mientras sectores económicos y extrabajadores piden la reactivación del enclave, grupos ambientales insisten en que el proyecto debe permanecer cerrado, cuestionando la validez de la auditoría internacional.
El cierre de la mina supuso la pérdida de 7,000 empleos directos, unos 30,000 indirectos y una caída significativa en la actividad económica nacional, dado que el proyecto representaba cerca del 5% del PIB.
El futuro del yacimiento, de unas 13,000 hectáreas, sigue en evaluación por parte del Ejecutivo, en medio de un debate que enfrenta la necesidad de preservar el medio ambiente con las presiones por recuperar empleo e ingresos fiscales.
