José Peréz Barboni, diputado de la bancada del partido
Movimiento Otro Camino (MOCA) en la
Asamblea Nacional, presentó una propuesta legislativa que busca modificar a la
Ley 40 de 1999, normativa que establece el
Régimen Especial de Responsabilidad Penal para la Adolescencia en Panamá.
La Ley 40, promulgada el 26 de agosto de 1999, creó un marco jurídico especializado para atender los casos de adolescentes que cometen infracciones penales, con procedimientos diferenciados respecto al sistema de justicia ordinario. Entre sus principios de destacan la especialidad del régimen, la prohibición de calificar como infractor conductas no tipificadas como delitos, y la creación de instituciones y programas de rehabilitación orientados a la reinserción social.
El texto único de la Ley 40 ha sido objeto de varias reformas en años posteriores, incluyendo las modificaciones introducidas por las leyes 38 de 2000, 46 de 2003, 48 de 2004, 15 de 2007, 6 de 2010 y 32 de 2010, que ajustaron aspectos como los plazos de detención preventiva, las medidas socioeducativas y la coordinación con el Código Penal.
La propuesta presentada por Peréz Barboni se enmarca en un debate recurrente sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y rehabilitación, así como de garantizar que las sanciones aplicadas de adolescentes infractores respeten los estándares internacionales de derechos humanos.
Contexto previo
En años recientes, distintos sectores han planteado la revisión de la Ley 40 debido al aumento de casos de violencia juvenil y la necesidad de mejorar la capacidad de respuesta del sistema especializado. Organismos internacionales como UNICEF y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han recomendado a Panamá reforzar las políticas de reinserción y evitar medidas excesivamente punitivas que puedan afectar el desarrollo integral de los adolescentes.