Tres de los imputados enfrentan cargos por corrupción de servidores públicos y peculado por extensión, mientras que los otros cuatro fueron imputados exclusivamente por peculado por extensión. A todos se les ordenó presentarse ante el Tribunal una vez al mes y mantener actualizados su domicilio, correo electrónico y número de teléfono celular.
La audiencia, celebrada el viernes 24 de octubre, incluyó la formulación de cargos por parte de la fiscal superior anticorrupción Asuzena Aisprua y el fiscal Argo Hyman. La defensa estuvo a cargo de cinco abogados particulares, mientras que la querella fue representada por el licenciado Héctor Atencio, de la Oficina de Asuntos Legales del IFARHU.
El juez Naterón fundamentó su decisión en la necesidad y proporcionalidad de las medidas cautelares, considerando la gravedad de los hechos investigados y el riesgo procesal que implicaría la ausencia de controles judiciales.
Este caso se origina a partir de una auditoría preliminar que reveló múltiples irregularidades en la gestión del IFARHU durante el quinquenio anterior, lo que ha encendido alertas sobre el uso de fondos públicos y la debilidad de los mecanismos de fiscalización institucional.
La investigación continúa bajo reserva, mientras distintos sectores exigen mayor transparencia en el manejo de becas, subsidios y programas de formación financiados por el Estado.
