Consejo de Gabinete aprueba fortalecimiento del Sistema Penal Acusatorio y crea el Instituto Nacional de la Mujer
Fecha: 2025-10-22
El Consejo de Gabinete aprobó dos decisiones estratégicas orientadas a fortalecer la institucionalidad del país: la formalización de un contrato para la operatividad del Sistema Penal Acusatorio (SPA) y la creación del Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), como nueva entidad rectora de la política pública de género.
Mediante la Resolución N.° 125-25, el Gabinete autorizó a la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG) a contratar, por procedimiento excepcional, a la empresa Inversiones Tecnológicas de América, S.A., por un monto de más de 3 millones de dólares. El contrato cubre servicios de soporte técnico, optimización de bases de datos, capacitación, mantenimiento y mejoras a la plataforma tecnológica TEMIX EBS, utilizada en las salas de audiencia del SPA en todo el país.
La medida formaliza la prestación de servicios brindados durante el año 2024, con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal 2025. La contratación excepcional se justifica por tratarse del único proveedor local autorizado de la plataforma, esencial para la gestión de los procesos judiciales.
Crean el Instituto Nacional de la Mujer
En la misma sesión, el Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de ley 34-25 que crea el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), entidad pública descentralizada con autonomía administrativa, presupuestaria y técnica. El INAMU será responsable de coordinar y ejecutar la política nacional de promoción, protección y defensa de los derechos humanos de las mujeres.
La nueva institución reemplazará la estructura vigente bajo la Ley 375 de 2023, y busca consolidar la rectoría técnica en materia de igualdad de género, articulando acciones con todas las instancias del Estado. Entre sus objetivos destacan: reducir las causas estructurales de la desigualdad, garantizar el acceso equitativo a recursos, y asegurar una vida libre de violencia para todas las mujeres, sin distinción.
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El INAMU estará representado ante el Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Desarrollo Social (MIDA) y será fiscalizado por la Contraloría General de la República, conforme a la normativa vigente.
