La magistrada designada de la
Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral,
Gisela Agurto, expresó ante la
Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética, Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional (AN) que cualquier decisión relacionada con acuerdos de jubilaciones especiales para magistrados debe regirse estrictamente por la ley y los principios institucionales que han guiado su trayectoria durante cuatro décadas.
Durante los cuestionamientos del diputado Augusto Palacios de la bancada Vamos, Agurto subrayó que su postura se fundamenta en el respeto al procedimiento y a la deliberación colegiada: "Tomaría la decisión conforme a la ley y los principios con los que me he regido durante 40 años de servicio en la institución”, afirmó.
Sobre el acuerdo en cuestión, la magistrada designada indicó que cualquier solicitud debe ser presentada formalmente ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y que su evaluación dependerá del contexto y las circunstancias del momento del Estado: "Esa solicitud dependería del momento en el Pleno, porque no puedo señalar lo que los magistrados en base a ese momento por qué tomaron dicha decisión. Tendría que presentarse ante el Pleno y tomar la decisión correspondiente", explicó.
Las declaraciones de Agurto se dan en medio de un polémico debate público sobre los beneficios especiales otorgados a las autoridades del Órgano Judicial, representado en $14,000 mil dólares de salarios con 100% de jubilación.