En los próximos días, la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo llevará a cabo una visita de inspección a la planta termoeléctrica ubicada en La Chorrera, administrada por la empresa Pan Am Generating Ltd. El objetivo es investigar las causas de la explosión registrada el pasado 15 de marzo, que provocó un apagón nacional, y levantar un informe sobre posibles problemas de contaminación en la zona.
El anuncio fue realizado por el presidente de la comisión legislativa, diputado
Orlando Carrasquilla, durante una reunión donde se sustentó la memoria 2023-2024 del
Ministerio de Ambiente, presentada por el ministro
Juan Carlos Navarro. Durante la sesión, se concedió cortesía de sala al ingeniero eléctrico
Dennys Talavera, quien denunció que la planta termoeléctrica genera contaminación que, según estudios, afecta gravemente a mujeres embarazadas, causando deformidades en recién nacidos. Asimismo, Talavera indicó que un estudio de impacto ambiental entregado a la comisión señala 18 renglones de incumplimiento por parte de la empresa, con un radio de afectación de hasta 10 kilómetros.
El diputado Carrasquilla destacó que, como parte de su rol fiscalizador, la comisión visitará el área junto con personal técnico para investigar a profundidad estas denuncias. Posteriormente, presentará un informe detallado con recomendaciones para tomar las medidas necesarias y mitigar los problemas identificados.
En el marco de la reunión, Carrasquilla calificó como satisfactorio el informe del ministro de Ambiente, el cual incluyó acciones concretas como la sanción a una empresa que vertía desechos al río Matasnillo y la desarticulación de 22 campamentos dedicados a la minería ilegal en áreas protegidas del Canal de Panamá.
Por su parte, Eduardo Carrasquilla, director de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), expuso que durante la vigencia 2023-2024 se avanzó en compromisos internacionales relacionados con la alerta amarilla impuesta por la Unión Europea, que señalaba a Panamá como un país “No cooperante en el combate a la pesca ilegal”. Este señalamiento había limitado el acceso de los productos pesqueros panameños a mercados internacionales clave.
Con estas acciones, las autoridades buscan resolver problemas estructurales en diversos sectores, fortaleciendo la gestión ambiental y mejorando la percepción de Panamá a nivel global.
