El
candidato por el Partido Movimiento Otro
Camino (MOCA), Ricardo Lombana,
habló este viernes en conferencia de prensa para compartir su hoja de ruta del
cierre integral de Minera Panamá S.A.
Ante
la confirmación de la sesión permanente por parte de los magistrados del pleno
de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para analizar la constitucionalidad o no
del contrato minero, Lombana manifestó que lo que van a discutir significa mucho
más que eso para Panamá.
Señaló
que esta decisión determinará si la paz, la estabilidad, el futuro económico y
ambiental volverán a la República.
“Exhortamos a la Corte (Suprema de
Justicia) a que se pare del lado correcto de la historia declarando el contrato
inconstitucional”, dijo Lombana como
mensaje a los nueve magistrados encargados de desarrollar el análisis del
contrato.
Aseguró
que su partido y equipo de trabajo está preparado para controlar que no se siga
abusando de los recursos de Panamá, y que han estudiado con profundidad todos
los posibles escenarios de salida.
“Déjenme decirles que aquí no estamos
para improvisar, porque se trata de un gran desafío”, confesó.
Como
primer punto de la hoja de ruta para el cierre de Minera Panamá, Lombana
sustentó que el Gobierno Nacional es el único con potestad para ejecutar
acciones después del fallo, principalmente articuladas a través de los
ministerios de Comercio e Industrias (MICI) y Ambiente (MiAmbiente), los cuales
deben cumplir con muchas tareas, de acuerdo a sus leyes orgánicas y
reglamentos.
En
el segundo punto, afirmó que no pueden sacar a la minera de Panamá sin exigirle
responsabilidades y para esto propuso emprender cinco auditorias: ambiental,
financiera, tributaria, laboral y legal. Indicó que esto debe ser desarrollado
por profesionales independientes a cualquier poder del gobierno para conocer si
Panamá le debe a la minera o viceversa. En caso de que se de esto último y de
que Lomabana llegue al poder, interpondrán demandas pertinentes para que se le
pague a Panamá la cantidad que le corresponda.
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Sobre
el punto tres, Lombana dijo que Panamá requiere de un equipo negociador de alto
calibre, conformado por abogados, economistas y especialistas ambientales que,
a su vez, sean apoyados con una auditoría ambiental internacional, un
diagnóstico financiero de la operación minera y un estudio ecotoxicólogo para
verificar los efectos en la salud que la operación minera pueda provocar en su
personal y comunidades cercanas.
Luego
entró en el punto cuatro manifestando que se debe determinar de la forma más
eficiente y menos costosa para cerrar la mina. Buscando, en el menor tiempo
posible. Agregó que se debe buscar también un equipo adecuado para ejecutar su
plan de cierre, que sea capaz de diseñar un marco institucional que permita
crear una entidad autónoma encargada de la restauración ambiental de los territorios.
“Este es un esfuerzo que, posiblemente,
tomará 20 años o más”, calculó Lombana.
En
el quinto punto, Lombana exigió la total transparencia de este proceso diciendo
que la población debe estar completamente informada de cada actualización, para
convertir a los ciudadanos en veedores y fiscalizadores.
“Cuando MOCA sea gobierno,
implementaremos el mandato que el pueblo panameño ha gritado durante este
último mes”, aseguró.
