El
Colegio Nacional de Abogados de Panamá
solicitó este miércoles, a través de un comunicado, la suspensión de términos
en todo el territorio nacional, e hizo un llamado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en referencia al contrato ley 406
sancionado el pasado viernes por el Presidente de la República, Laurentino Cortizo.
Explicaron
que el documento puede ser sujeto a demandas inconstitucionales, de las cuales
ya tienen conocimiento y que incluso confirmaron distintas de estas que han
sido interpuestas, por lo que solicitan el pronunciamiento de
inconstitucionalidad o no del contrato.
Detallaron
que el Estado panameño debe velar con el cumplimiento de garantías como: la
generación de actividades económicas que brinden bienestar social que permitan
a los ciudadanos lograr sus aspiraciones y garanticen el desarrollo nacional,
el uso justo de los recursos minerales, el derecho a un ambiente sano, y la
seguridad jurídica de las inversiones y los derechos humanos como el derecho al
trabajo digno y la seguridad social.
Consideraron
las manifestaciones de parte de la ciudadanía panameña como un “Derecho Constitucional”, que debe
desarrollarse dentro del respeto a la vida, integridad personal, propiedad
pública y privada. Y también condenaron los métodos violentos y vandálicos de personas
con fines distintos a los manifestantes.
“La abogacía ha visto limitada la posibilidad
de ejercer la profesión, lo cual afecta no solo al abogado en particular, sino
a los ciudadanos que este defiende. Por lo que solicitamos tanto a las
autoridades judiciales como administrativas, la suspensión de términos en todo
el territorio nacional, en aquellos procesos o trámites administrativos que no
se puedan realizar por medios electrónicos o telemáticos”, escribieron.
El
Colegio también hizo un llamado al Gobierno Nacional para establecer mecanismos
de diálogos idóneos con los diversos manifestantes, a fin de garantizar la paz
social y la canalización de las inquietudes de la población.
“Hacemos un llamado al diálogo social
enfocado en lograr el desarrollo humano sostenible y evitar la confrontación
entre panameños”, indicaron.
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Por
otra parte, también solicitaron a la Corte Suprema de Justicia para que determine
lo más pronto posible la constitucionalidad o no del contrato, que permite la
concesión minera entre el Estado panameño y la empresa Minera Panamá S.A.
