La audiencia por el caso Blue Apple, que se celebró en el Órgano
Judical el día de ayer 23 de agosto, culminó con la lectura del auto de
llamamiento y dará conocer los acuerdos de pena de María Antonia Lee y Jorge
Ruiz, que se concretaron antes de iniciar el juicio.
La solicitud de la defensa para
conocer los detalles del acuerdo no fue rechazada por parte de la fiscalía
encargada de la investigación, la cual es representada por el fiscal Aurelio
Vásquez.
El comiso de 9.2 millones de
dólares es el valor que se conoce del acuerdo de pena.
Vásquez reveló que alcanzar
un acuerdo de pena no significa que los involucrados no vayan a prisión, de
hecho incluyen hasta 60 meses para las 15 personas que consiguieron este
acuerdo.
“El que llegue a un acuerdo de pena, y
sobre todo el día de ayer, no solo recibirá una medida cautelar, sino que se le
va a aplicar una sentencia condenatoria de blanqueo de capitales y asociación
para delinquir. Incluye prisión superior a 60 meses”, aclaró el fiscal Vásquez.
La audiencia por el caso
Blue Apple inició y concluyo con la lectura del auto de llamamiento a juicio en
contra de los 18 imputados por los presuntos delitos contrarios al orden
económico, la administración pública, la seguridad colectiva y la fe pública.
Se admitieron y presentaron
pruebas de parte de los defensores y fiscalía. Posteriormente se procedió con
la evacuación de testimonios al final de la tarde.
Como parte de estas pruebas
se encontraban los documentos enviados desde Suiza por la Fiscalía de Asuntos
Internacionales. Esta documentación va relacionada con cuentas bancarias
abiertas en dicho país.
Por su parte, el abogado de
César Jaramillo, Lic. Alfredo Vallarino, solicitó el testimonio de Federico Barrios.
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En este testimonio,
Vallarino aseguró que “Federico Barrios Alaín es Blue Apple y es
un punto de referencia para todas las personas imputadas”.
La investigación de este
caso empezó a través de un informe de inteligencia policial, que daba como
referencia a la sociedad anónima Blue Apple Services, la cual fue presuntamente
creada por miembros de la administración del gobierno de Ricardo Martinelli
(2009-2014) con el objetivo de “disfrazar o blanquear dinero” de
sobornos y coimas recibidos por proyectos de construcción a nivel nacional,
para lo cual se dio uso de los sistemas bancarios locales e internacionales
para brindar una apariencia legítima.
