El
juicio por el caso Blue Apple, en el
que se encuentran involucrados 22 imputados por presunta asociación ilícita,
corrupción de servidores públicos y la comisión de delitos de blanqueo de
capitales, tuvo lugar este martes 22 de agosto en el Salón de Audiencias del
Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales de Panamá y fue conducido
por la juez Baloisa Marquínez.
Este
proceso penal hace referencia a la sociedad anónima Blue Apple, que fue
presuntamente creada para “disfrazar o blanquear dinero” de
abogados, empresarios y funcionarios a través de sobornos y coimas recibidas en
el 2017.
Los
hermanos Luis y Ricardo Martinelli pertenecían al grupo de 22 imputados llamados
para ser procesados, pero su caso pasó a manos de los magistrados de la Corte
Suprema de Justicia por su condición de diputados suplentes del Parlamento
Centroamericano (PARLACEN).
Para
esta audiencia, se esperaba que la defensa de los imputados presentara pruebas
de informe, periciales, documentales, testimoniales, entre otras para el
término probatorio.
Entrando
en los sucesos de la audiencia y poco después de su inicio, la juez Marquínez interrogó
a cada uno de los 22 imputados, solicitando si se consideraban culpables o
inocentes ante las acusaciones establecidas en su contra. Entre estos 22 se
encontraban nombres importantes como: el exministro de Obras Públicas, Federico
José Suárez Cedeño y el empresario Riccardo Francolini Arosemena, quienes se
declararon inocentes al igual que el resto de los acusados.
El
abogado Rosendo Miranda, representante del exministro de Obras Públicas, Federico
Suárez, señaló que su cliente estaba por formalizar un acuerdo de colaboración.
Acuerdo que no fue considerado por la juez Marquínez, porque el proceso
planteaba cumplir pena y restituir dinero, por lo que la Fiscalía lo consideró
como innecesario.
Luego
de esto, la juez Marquínez procedió con la lectura del auto de llamamiento a
juicio que indicaba cómo se daban las transacciones para desviar el dinero de
los proyectos públicos.
En medio de la lectura de dicho documento, la juez Marquínez tomo la decisión de suspender la audiencia hasta el día de mañana miércoles 23 de agosto a las 9:00 a.m.
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Hasta
el momento por este caso, se ha condenado a Adolfo de Obarrio con una multa económica de 5
millones de dólares y 10 años de prisión.