Andrea Valero*
Lo que más irrita a los críticos de la concesionaria portuaria a Panama Ports Company (PCC), es el resultado de la auditoría de la Contraloría General de la República (PGR). La califican de “desafortunada”, pero no pueden esconder que ese audito “demuestra que la compañía ha cumplido con las inversiones que le exigía el contrato e incluso en demasía”.
La auditoría de la CGR, que un equipo multidisciplinario realizó in situ y en la que también participó la Autoridad Marítima de Panamá y el Ministerio de Economía y Finanzas, certificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales sustanciales por parte del operador portuario PPC.
El audito demostró en forma contundente la realidad de los vínculos entre la concesionaria PPC y el Estado. Por eso cabe, preguntarse ¿dónde está la “desleal relación” de esa empresa con el Estado?
En defensa de la verdad, de la que otros hacen alarde, la empresa concesionaria recibió infraestructuras portuarias que no fueron diseñadas originalmente para manejar contenedores, que es la actividad a la que se dedican en la actualidad los puertos a nivel mundial.
Antes de las concesiones a mediados de la década de 1990 de los puertos en ambas riberas del Canal manejaban contenedores, pero la cifra era exigua. Los datos oficiales de 1994 revelan que ese año en Balboa se movieron17,899 contenedores, en Cristóbal 83,438, en Coco Solo Norte 22,812 y en Bahía las Minas, 17,597.
Actualmente los puertos concesionados en ambas riberas de la vía interoceánica trasbordan cada año 7.7 millones de contenedores de carga internacional y local.
Antes de las concesiones, los puertos nacionales no contaban con condiciones para el trasbordo de contenedores, pues solo movían cargan general, a granel y contenedores locales.
El audito de la CGR reveló que, de acuerdo a los términos del contrato de concesión, PPC pago $102 millones al Estado por una infraestructura portuaria que tuvo que demoler porque no era útil para el trasbordo de contenedores, y en su lugar construir nuevas y especializadas.
La referida auditoria demostró en detalle que PPC realizó inversiones en las terminales portuarias concesionadas superiores a los $1,695 millones, muy por encima de los $1,000 millones negociados en el contrato inicial firmado en 1997. Esa inversión representa una tercera parte de los $5,000 millones invertidos en infraestructuras portuarias de los cinco concesionarios que operan en el país.
Los resultados arrojados por la auditoria reafirman el compromiso de PPC de contribuir activamente con el desarrollo de Panamá. En contraprestación, la empresa concesionaria planteó que debe asegurarse la seguridad jurídica a su inversión.
Por allí han salido críticos que señalan que el calado de los puertos en ambos riberas del Canal, fue un atractivo para las empresas al momento de participar en la concesión. La realidad es que el calado, es una ventaja para el Estado, no para la empresa, pues todos los puertos tuvieron que dragar para aumentar el calado.
La CGR derribó también el mito de que PPC solo ha pagado al Estado en dos décadas $8 millones en dividendos. Algo totalmente erróneo y que ha tratado de sembrarse en forma alevosa para dañar a la empresa concesionaria frente a la opinión pública.
La máxima instancia oficial en materia de fiscalización, concluyó que el Estado panameño recibió $445 millones en los últimos 24 años como parte de los ingresos de facturación por movimiento de contenedores y dividendos, entre otros rubros pactados en el contrato de concesión.
Cabe recordar que de acuerdo a lo pactado en el contrato ley original, la concesión otorgada a PPC tiene una duración de 25 años, que concluye en febrero del 2022, y se prorrogará automáticamente por un periodo adicional de 25 años, bajo los mismos términos y condiciones acordadas.
Después del segundo periodo de 25 años de concesión, expira el contrato y todas las instalaciones y facilidades dentro de los puertos pasarán a propiedad del Estado panameño, lo cual dejarán un importante activo para el país.
La CGR ha certificado lo actuado por PPC en estas dos últimas décadas y reconocido el hecho de que con su empuje la industria marítima nacional se ha desarrollado, fortalecido y contribuido a consolidar la posición de Panamá como hub marítimo y logístico de alcance global.
*Periodista
