Latinoamerica

El presidente de México promulga una polémica ley de seguridad interior
21 de diciembre de 2017
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México (AFP) –

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, promulgó este jueves una polémica ley de seguridad pero dio ‘la bienvenida’ al análisis de la Suprema Corte para definir la constitucionalidad de la norma, que según defensores de derechos humanos busca militarizar el país.

Peña Nieto explicó que, de acuerdo con el marco jurídico mexicano, la Corte Suprema solo puede pronunciarse sobre una ley una vez que ha sido promulgada, al tiempo que dijo ser consciente de que la norma es ‘especialmente sensible para la vida pública del país’.

‘La Suprema Corte de Justicia de la Nación será el árbitro legitimado constitucionalmente para tomar una resolución definitiva’, sobre la ley, dijo el mandatario en un evento público.

Agregó, sin embargo, que esto ‘no significa que dejará de haber intervención de la federación en materia de seguridad pública en auxilio de los estados que hoy lo necesitan’.

La autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos de México anunció el sábado que estudia una acción de inconstitucionalidad contra la ley, mientras que partidos de oposición dijeron que también preparaban una iniciativa similar.

La llamada Ley de Seguridad Interior busca cubrir un vacío legal de más de 10 años, generado por la decisión del gobierno mexicano de lanzar a finales de 2006 una controvertida ofensiva militar antidrogas, toda vez que las policías locales se veían superadas por los grupos criminales.

Pero el operativo se ha acompañado de una ola de violencia que ha dejado más de 196.000 personas asesinadas y unos 30.000 desaparecidos, según cifras oficiales que no detallan cuántos casos están ligados a la criminalidad.

Organismos internacionales como el Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos y la Comisión Interamericana en la materia han criticado duramente la ley y llamaron en repetidas ocasiones al Congreso mexicano a no aprobarla subrayando que la estrategia militar no ha sido exitosa.

La ley establece, entre otros puntos, que la participación de las fuerzas armadas en zonas conflictivas no podrá exceder un año, pero que puede prorrogarse mientras subsista la amenaza que la motivó.

Otro punto de legislación que provocó varias protestas indica que la información que se genere durante su aplicación será considerada de Seguridad Nacional, lo que la deja fuera del escutrinio público.

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