Artículos de Opinión

LAS ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS Y SU APORTE AL DESARROLLO  ECONÓMICO NACIONAL
5 julio, 2020
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Abogado, egresado de la Universidad de Panamá. Trabajó en distintas instituciones públicas entre estas El Órgano Judicial, Lotería Nacional de Beneficencia y Ministerio Público. Actualmente Abogado litigante.

Por Rafael Nieto. Abogado.

LAS ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS Y SU APORTE AL DESARROLLO  ECONÓMICO NACIONAL

En el mes de septiembre del año 2019, en nuestro país se aprobó la Ley 93 “QUE CREA
EL RÉGIMEN DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADA PARA EL DESARROLLO PARA
EL INCENTIVO A LA INVERSIÓN PRIVADA, AL DESARROLLO SOCIAL Y LA CREACIÓN
DE EMPLEOS”. Con ella, se viene a regular una figura jurídica que, desde hace varios
años, varios países latinoamericanos han utilizado, teniendo aciertos en unos casos,
fracasos en otros, pero que les dejaron valiosas lecciones para ir poco a poco
perfeccionándola.

¿Qué debe entenderse por una Asociación Público Privada? La definición más aceptada es
que, se trata de un contrato a largo plazo entre un ente privado y una entidad gubernamental
para proporcionar un activo y un servicio, en el que el ente privado asume de manera
significativa los riesgos inherentes al proyecto, es responsable de la gestión, y la
remuneración está vinculada al desempeño.
De acuerdo con la definición anterior, el ente privado construye, por ejemplo, una carretera,
se encarga de su gestión y mantenimiento, para lo cual recibe un pago periódico por
disponibilidad o uso de la infraestructura o hace cobro a los usuarios. Además de
infraestructura, los entes privados también pueden hacer inversión en salud, educación u
otros servicios públicos, como ha pasado en países como Perú y Uruguay.
Las obras que se construyen bajo esta modalidad, se hacen con una matriz de riesgo,
instrumento que debe utilizar la institución pública contratante y el ente privado, para
analizar los riesgos inherentes al proyecto y que servirá para asignar, a quien le compete
asumir cada uno, dependiendo de quién está en mejor capacidad de hacerlo o de ser el
caso compartirlo. Esto, es parte muy importante del contrato.
Sin ánimo de entrar en explicaciones conceptuales, la pregunta es, ¿cómo encaja esta
clase de contrataciones en el desarrollo económico y más aún en la reactivación económica que va iniciar, como consecuencia del COVID-19?. Sobre esto, debemos tomar en cuenta que una de las razones principales de la aprobación de la Ley 93, fue casualmente impulsar las obras públicas como motor económico nacional.
Considero que las cosas no se deben hacer a la ligera, ya que optar por obras con esta
modalidad, sin adecuados estudios de prefactibilidad y factibilidad, así como un incorrecto análisis de riesgos (que se deben plasmar en la matriz citada), puede llevar a que sea contraproducente, siendo al final una catástrofe económica, con consecuencias nefastas para el erario público y la imagen del país.
Las obras públicas, implican grandes inversiones, y bajo esta modalidad, la recuperación  es a largo plazo. En el caso de las asociaciones público privadas, si bien hay una mayor rigurosidad, toda vez que el capital privado, que en teoría debiese contar con el mejor conocimiento, administración y la tecnología que facilite cumplir con los estándares requeridos de la obra, no es óbice para que en el desarrollo de la misma, se omitan los  correctos y riguroso análisis, con el consecuente fracaso o que a los pocos años, el Estado quede asumiendo su manejo, renegociando el contrato y pagando indemnizaciones.

Esperemos que en el futuro próximo, este tipo de contratación se le dé la relevancia y sobre
todo se maneje con la prudencia necesaria para que las obras que se realicen, cumplan
con las expectativas del país, fomente el tan anhelado desarrollo económico, pero lo más
importante de todo, que los ciudadanos y usuarios, seamos los verdaderamente
beneficiados.

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