Artículos de Opinión

Junta Directiva de la ACP
8 de abril de 2020
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Franklin Castrellón
Periodista

La designación por la Asamblea Nacional del diputado Roberto Abrego como miembro de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), en remplazo del exdiputado Elías Castillo, reactiva el debate contra la intrusión de la politiquería en ese principal activo nacional, y evidencia la necesidad de que se afinen los requisitos para merecer tal distinción.
En artículo que me publicó La Prensa el 17 de mayo de 2015 bajo el titular, Junta Directiva del Canal, tras señalar que la ACP fue “una de las pocas instituciones del país que sobrevivió la voracidad del expresidente Ricardo Martinelli”, recomendé que se afinen los requisitos para que los nuevos directores tengan algún grado de familiarización con el Canal y la industria. Para quienes no lo saben, en las elecciones de 2014, el Canal estuvo a escasos miles de votos de que pasara al control de Cambio Democrático por vía de su Junta Directiva.
Los directivos del Canal deben ser ciudadanos intachables que nunca hayan sido acusados y/o investigados por corrupción, y que representen al sector académico (UMIP o Universidad de Panamá), la comunidad marítima, la sociedad civil, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, y al sector laboral canalero. Abrego es abogado y viejo dirigente del PRD; actualmente preside la Comisión de Credenciales de la Asamblea. Tiene varios familiares cercanos desempeñando altos cargos en el gobierno y su desempeño al frente de la Comisión de Credenciales ha sido criticado por la sociedad civil. Fue investigado por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, hoy Tribunal de Cuentas, por supuestas irregularidades en la compra de un auto adquirido a través de su partida circuital.
El Título Constitución sobre el Canal (Título XIV) establece que la Junta Directiva de la ACP la integran once miembros, nueve designados por el Presidente de la República con acuerdo del Gabinete y ratificados por la Asamblea Nacional; uno designado por la Asamblea Nacional y otro designado por el Presidente de la República con rango de Ministro para Asuntos del Canal, quien la preside.
Pero dicho título remite el detalle de los requisitos a la Ley Orgánica de la ACP: “La ley establecerá los requisitos para ocupar el cargo de director, garantizando la renovación escalonada de los directores”, a razón de grupos de tres cada tres años, con periodos de nueve años cada uno. El Ministro para Asuntos del Canal ejerce a placer del Presidente que lo nombró, mientras que el designado por la Asamblea tiene plazo indefinido.
La Ley Orgánica (Artículo 14) estipula que para ser director se requiere: 1) S
ser panameño con reconocida probidad; 2) no haber sido condenado por el Órgano Judicial por delito doloso o contra la administración pública; 3) no tener parentesco entre sí dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, y 4) poseer título universitario o su equivalente. Son los requisitos de “probidad” y el de “no haber sido condenado” los que, a mi juicio, exigen ser afinados para evitar que ingresen a la Junta Directiva individuos que han sido investigados por la justicia, o cuya trayectoria revele escasos valores éticos y morales, y desconocimiento de lo que significa tráfico de influencias, nepotismo y conflictos de interés.
Hay que retomar el espíritu de la década de 1990, cuando la comunidad nacional se unió para proteger al Canal de la voracidad de los políticos. Esa misma voracidad que los impulsó en 2019 a intentar modificar el presupuesto del Canal para incrementar los aportes al Estado. Con ello pretendían una tajada de ese acto, a todas luces inconstitucional.
Sería ingenuo pretender que un órgano que ha marchado en contravía del interés nacional, haga algo para fortalecer el precario blindaje de la ACP contra sus inconfesables apetitos. Lo sensato es diseñar esos necesarios cambios con tiempo suficiente para impulsarlos en el momento apropiado. Desde mi perspectiva, ese momento llegará cuando, como resultado de una nueva Constitución, Panamá cuente con una Asamblea renovada, surgida de unas elecciones libres de los vicios del clientelismo y el populismo.

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