Artículos de Opinión

Institucionalidad, el gran reto
28 junio, 2020
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Institucionalidad, el gran reto

Franklin Castrellón
Periodista

El futuro inmediato enfrenta a los panameños no solo a la tarea de reducir el impacto de la pandemia del covid-19 sobre la sociedad panameña, sino al esfuerzo concertado de impulsar la recuperación de la economía y de las fuentes de empleo perdidas. Asimismo, se impone la urgente tarea de fortalecer la débil institucionalidad y derrotar las amenazas que se ciernen sobre la gobernabilidad del país.
La gobernabilidad es la capacidad de un gobierno para lograr el entendimiento y la colaboración necesarios de las organizaciones políticas y sociales para la ejecución de sus planes y programas. La gobernabilidad entra en crisis cuando los gobernantes son incapaces de ejecutar sus estrategias como resultado de la presión social y el descontento, o cuando las demandas sociales rebasan su capacidad de satisfacerlas.
El estudio “Cultura política de la democracia en Panamá, 2010”, realizado por Orlando Pérez, de la Universidad Central de Michigan, y Mitchell A. Seligson, de la Universidad Vanderbilt, a solicitud del Centro de Iniciativas Democráticas (CIDEM) de Panamá, resalta que los panameños registraban ya pobres niveles de confianza en sus instituciones y en los partidos políticos. La excepción era la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), que disfrutaba – y disfruta — de un alto grado de credibilidad.
Las instituciones peor calificadas eran la Asamblea Nacional, la Corte Suprema de Justicia y los partidos políticos. La débil institucionalidad se combinaba con los altos índices de delincuencia, inseguridad y corrupción, para situarse entre los problemas más graves de Panamá. Además, un alto porcentaje de los encuestados ubicaba la corrupción como el principal problema del sistema de justicia.
La institucionalidad continuó debilitándose en los gobiernos de Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019), al punto que el Barómetro de las Américas 2019 reveló que Panamá es el país de la región con el índice más bajo de satisfacción con la democracia (26.1%). El cuanto a los parlamentos, su deterioro había llegado a tal punto que se registraba un incremento en la tolerancia a los golpes de Estado presidenciales contra los congresos. El Barómetro, que mide los valores y comportamientos democráticos en la región, se realiza anualmente con el apoyo de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Universidad Vanderbilt.
Bajo el actual gobierno de Laurentino Cortizo, la institucionalidad no solo ha continuado cayendo, sino que se acerca peligrosamente al precipicio, según comenta en su Blog el politólogo Harry Brown Araúz (Panamá es el país más insatisfecho con su democracia, y la gente sabe por qué). El problema se ha visibilizado aún más como consecuencia del enorme impacto global que ha tenido la pandemia.
El Índice 2020 sobre Capacidad para Combatir la Corrupción ubica a Panamá, con 4.17 puntos de un máximo de 10, por debajo de la media regional. Los países mejor calificados son Uruguay (7.78), Chile (6.57) y Costa Rica (6.43). El Índice creado por el Consejo de las Américas de la Sociedad Americana (AS/COA), mide la capacidad de los países para investigar, castigar y prevenir la corrupción. Panamá figura a la zaga en institucionalidad democrática y política.
El panorama futuro es aún más preocupante. Un análisis publicado el 15 de mayo de 2020 por el Instituto de Estudios Estratégicos (SSI) del Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos (Covid-19: Shaping a Sicker, Poorer, More Violent and Unstable Western Hemisphere), vaticina un deprimente escenario, caracterizado por “quiebras, interrupciones en la cadena de suministros e incumplimiento de repago de la deuda en la región que también afectará a los inversionistas estadounidenses y tenedores de bonos”, y débil gobernabilidad.
“El debilitamiento de la gobernabilidad en América Latina y el Caribe creará un santuario ampliado para los terroristas y les brindará la oportunidad para planificar y dirigir operaciones desde la región contra Estados Unidos”, presagia el estudio. Y añade, “más allá de los efectos en los negocios y en la cadena de suministros, la crisis, y la expansión resultante de la criminalidad y la violencia en la región, generará presiones a la expansión de las migraciones hacia Estados Unidos en una escala sin precedentes”.
A juicio de estudiosos, en Panamá las perspectivas son más preocupantes debido, por un lado, a la influencia que ejerce la izquierda del Siglo XXI sobre grupos activos en la política y, por el otro, al hecho incuestionable de que los principales partidos políticos han sido penetrados por el crimen organizado. Otro factor citado por el estudio del SSI es la “presencia e influencia” de China en la región. Asegura que estos factores han disminuido la capacidad de Estados Unidos para combatir esas amenazas con sus aliados.
A esos factores se suma la evidente falta de referentes éticos y morales en la sociedad. Las deficiencias institucionales se reflejan en instituciones públicas y privadas. Los escándalos de corporaciones como Enron y Odebrecht en América Latina nos demuestran que la corrupción, como el Covid19, muta y se extiende si no la aislamos. La inmunidad de rebaño en el caso de la corrupción, no es aceptable ni la aceptación conformista de que “somos así”. Es crucial combatir la corrupción.
Hay algunas “vacunas” que nos pueden ayudar a combatirla: transparentar la gestión pública e institucionalizar la rendición de cuentas; viabilizar la separación de los poderes fortaleciendo la independencia de los órganos legislativo y judicial. Formemos una ciudadanía empoderada y vigilante; un ministerio público que represente los intereses ciudadanos; una contraloría que no permita “goles” contra el erario y cercenen la esperanza de mejor educación, salud y servicios públicos. Propiciemos una prensa independiente y con vocación investigativa. Enseñemos, desde el aula, las virtudes de la democracia participativa y del papel ciudadano en su custodia.
No permitamos escenarios que amenacen la institucionalidad del Canal, ya penetrada por algunos políticos. El administrador de la ACP, Ricaurte Vásquez, dijo temer que, como efecto de la pandemia, esa agencia sea sometida a presiones para que asuma roles que no son parte de su mandato legal (La Prensa, 30 de mayo de 2020). Vásquez exhortó al país a proteger la institucionalidad del Canal, y a confiar en el trabajo de su administración, su junta directiva y sus 9 mil 600 trabajadores.
Para blindar al Canal y al resto del gobierno contra esos riesgos, la sociedad civil deberá concentrar esfuerzos hacia un nuevo pacto social que establezca las bases para una sólida institucionalidad, con sus debidos pesos y contrapesos. Si la lucha por la recuperación del Canal nos unió en el siglo XX, que en el siglo XXI sea nuestro compromiso ciudadano de convertir a Panamá en un Estado de derecho, con una sólida institucionalidad democrática.

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