Artículos de Opinión

Garantizar libertad de expresión – Tarea del nuevo gobierno-
2 de junio de 2019
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Tarea del nuevo gobierno

Garantizar libertad de expresión

Franklin Castrellón – Periodista

En junio de 2008, un juez incurrió en la aberración de prohibir información pública que mencionase a un asesor del presidente, Martín Torrijos, involucrado en una disputa por una empresa de practicaje. A principios de 2019 fui perito de un medio acusado de calumnia e injuria por un diputado involucrado en escándalos de corrupción. Y en febrero de 2019, La Estrella reportaba que el expresidente Ricardo Martinelli había interpuesto querella por calumnia e injuria en su contra y de cinco editores de El Siglo.

Más grave aún, el expresidente, sus familiares y representantes legales amenazaron de demandar a quienes hagan comentarios públicos que afecten su “honor”. Los hechos mencionados se refieren a críticas contra funcionarios y exfuncionarios por actos incurridos en el ejercicio de funciones públicas.

Vale anotar que todo ciudadano que aspire a ejercer cargos públicos, ya sea por elección o designación, está sujeto al escrutinio público, pues en tal ejercicio tiene acceso a recursos públicos y, en tal virtud, por ley está obligado a rendir cuentas. Si un ciudadano no está dispuesto a someterse a semejante escrutinio, no debe aspirar a desempeñar cargos públicos.

Los casos ilustran una realidad de vieja data, que inspiró a la OEA en 2003 a enviar una misión a Panamá para examinar la situación y formular recomendaciones. En su “Informe sobre la libertad de expresión en Panamá”, el entonces relator especial formula algunas recomendaciones para brindar un clima apropiado a la libertad de expresión, entre ellas:

Eliminar las leyes anacrónicas que limitan el efectivo ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

Especial atención merecen las leyes de calumnia e injuria y desacato, que han permitido que ciudadanos sean perseguidos, hostigados y/o encarcelados por expresar sus opiniones.

Las normas sobre calumnia e injuria dirigidas a funcionarios, personas públicas o particulares involucradas en asuntos de interés público, deben ser despenalizadas de acuerdo a los parámetros de la CIDH.

Revisar la ley de transparencia para garantizar el acceso a información pública y el cumplimiento del Habeas Data.

El “Buen Gobierno” que promete el presidente electo, Laurentino Cortizo, tiene la oportunidad de remover los obstáculos a la libertad de expresión, de manera que los medios y los periodistas puedan desempeñar su misión, sin los riesgos actuales. Como diría el Premio Nobel de la Paz, Kofi Annan: “Ninguna sociedad democrática puede existir sin una prensa libre, independiente y plural”.

 

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