Artículos de Opinión

El empleo de Magistrado y la Abogacía
26 de enero de 2018
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El empleo de Magistrado y la Abogacía

Juan Carlos Araúz

El accidentado proceso de ratificación de las Magistradas nominadas por el ejecutivo,  hace impostergable el debate sobre la necesidad de un verdadero proceso de certificación profesional, como un compromiso frente a la ciudadanía y a los nuevos tiempos, al respecto surge la necesidad de actualizar dos controles estatales que han perdido eficacia, se trata de la llamada  idoneidad para magistrado emitida por el Ministerio de Gobierno y la idoneidad de Abogado emitida por la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia.

Con el paso del tiempo y la proliferación de universidades privadas, la obtención de un título profesional de abogado ha ido en aumento -150 nuevos abogados al mes- y con ello crece la duda si todos los egresados de la universidades adquirimos las competencias, habilidades y destrezas mínimas para el ejercicio profesional, de igual forma se plantea en relación a los puestos y cargos en la administración de justicia, dejando la pregunta si todo abogado puede administrar justicia?, o si estos cargos requieren destrezas sujetas a mayores controles?.

Aportar documentos y no atravesar ningún método de control sobre el fondo de lo que se debe demostrar, es seguir engañándonos y no crear correctivos  es repetir episodios de la historia panameña, que encuentra momentos relacionados a la duda sobre la capacidad de jueces y abogados. Como referencia de lo anterior  elijo el siguiente ejemplo, El 5 marzo de 1913, siendo Presidente de la República Belisario Porras, removió de su cargo de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia a Nicolás Victoria J. por no haber tenido el interés de acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos por Ley  para desempeñar el empleo de Magistrado.[i]

Una forma eficiente utilizada en diversas disciplinas, ha sido por medio de los procesos de certificación profesional periódicos, que han permitido garantizar uniformidad en acreditas  esas competencias requeridas, los cuales son llevados a cabo mediante controles estatales o exámenes que evalúan y garantizan al ciudadano mínimos de calidad, al menos en lo que a conocimientos se refiere.

En las condiciones actuales del desarrollo de la profesión de abogado, los nuevos egresados  igualmente requieren de una forma real para competir en el mercado profesional, la certificación permite cerrar la brecha entre generaciones de abogados, facilitando incluso, tener mayores opciones de contratación ante un potencial cliente, adicionalmente se reducen los riesgos de una guerra de precios como mecanismo de atraer clientes.

El actual proceso de ratificación, confirma el colapso de un método designación-ratificación, y desde este preciso momento impone un reto, que consiste en no olvidar que en diciembre de 2019 vence otro periodo de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y la sociedad requiere encontrar nuevos mecanismos que auxilien a encontrar personas que aporten confianza en su propia trayectoria profesional y que sean esta la que pueda ser reconocidas en esos nombramientos.

La idoneidad de Magistrado emitida por el Ministerio de Gobierno ha caducado,  debe transformarse y realmente ser el primer control a conocimientos, capacidades y garante de diferenciar exigencias especiales para el empleo de magistrado. El cual requiere mayores competencias, destrezas y habilidades de aquel que ejerce la profesión de abogado de forma privada en cualquier disciplina.

La batalla política que vivimos con las actuales designaciones, trae mayor descrédito al Órgano del Judicial, producto de los políticos de turno que no han tenido la voluntad de dejar un legado de transformación, por eso el momento es de poner en practica las lecciones aprendidas, que se  generen cambios y que los mismos  no sean cosméticos.

Aprovecho para mencionar que ya reposa en la Asamblea de Diputados un Proyecto de Ley (el 249 de septiembre de 2015[ii]) que aborda la necesidad de un examen de conocimientos previo a la emisión de la idoneidad para abogados, que puede  ampliarse en lo concerniente a los Magistrados y agregar las diversas fórmulas que generen los consensos necesarios, para  promover una nueva Ley de la Abogacía acorde a las exigencias sociales.

Lo realmente importante es no dilatar  ésta discusión y que las propuestas surjan.

Dr. Juan Carlos Araúz Ramos

Abogado

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