Artículos de Opinión

El proceso de Práctica Laboral Desleal de la Junta de Relaciones Laborales de la ACP
16 de diciembre de 2019
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TIANY M. LÓPEZ A.
Abogada
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En 1989, obtiene Licencia para ejercer como Intérprete Público Autorizado en la República de Panamá. Obtiene su Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Católica Santa María La Antigua en 1991. Tulane University, en Nueva Orleans, Louisiana, Estados Unidos, le otorga el Título de Maestría en Derecho Marítimo en 1993 y el Título de Maestría en Derecho en 1994. Obtiene el Postrado en Gestión Curricular y Pedagógica de la Universidad Católica Santa María La Antigua en el 2000.
En marzo de 2019, funda la firma López Armuelles – Abogados, en la que inicia su práctica legal privada, ofreciendo servicios legales de todo tipo, servicios de traducción del inglés al español y viceversa, con énfasis en traducción de documentos legales y servicios de capacitación en cursos especializados en Derecho Marítimo y Derecho Laboral del Canal de Panamá.
De 1999 a 2019, se desempeñó como Abogada en la Vicepresidencia de Asesoría Jurídica del Canal de Panamá: su primer año, en 1999, en la Comisión del Canal y luego en la Autoridad del Canal de Panamá, brindando asesoramiento y guía en sus especialidades: Derecho Laboral, Derecho Ambiental, Cuenca Hidrográfica y Ética y Conducta.
Desde 1996, se ha dedicado a la labor docente, siendo Profesora Derecho en la Universidad Católica Santa María La Antigua, Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología y la Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá, tanto a nivel de Postgrado como a nivel de Licenciatura. Ha impartido clases en las materias de Derecho Marítimo, Derecho Procesal Marítimo, Contratos de Fletamento, Contratos Especiales de Derecho Marítimo, Financiamiento del Comercio Marítimo, Tópicos de Actualidad de Derecho Ambiental I y II, Derecho de Sociedades Comerciales.

Por: Tiany M. López A.

El Canal de Panamá siempre es un tema de interés. El régimen laboral del Canal de Panamá es conocido como un régimen especial pues viene dado como una herencia que nos dejara la agencia predecesora: la Comisión del Canal de Panamá. Precisamente, por ser un régimen laboral especial, sus normas, conceptos e instituciones son distintas a todas las conocidas en el Derecho Laboral Panameño. A manera de ejemplo, les puedo indicar que el Código de Trabajo no aplica en el Canal de Panamá, y, a pesar de ser una persona jurídica de Derecho Público, tampoco aplica el Código Administrativo.

Una de las instituciones más importantes dentro del régimen especial es la Junta de Relaciones Laborales (JRL). Este año cumplió veinte años desde que empezó a funcionar y ciertamente, sus decisiones, conjuntamente con las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, han tenido un impacto directo en las operaciones del Canal de Panamá, así como en las relaciones laborales de dicha organización. El régimen laboral especial ha ido cambiando y modificándose con base a tales decisiones.

La JRL está compuesta por cinco (5) miembros cuyo nombramiento se da por la elección y designación por parte del Presidente de la República, luego de recibir el listado de personas propuestas por la Administración del Canal de Panamá y los Representantes Exclusivos de los Trabajadores de la ACP (Sindicatos).Como Tribunal colegiado, sus decisiones se emiten por la mayoría de sus miembros. Las materias de su competencia se encuentran en el Artículo 113 de la Ley No. 19 de 11 de junio de 1997, (Ley Orgánica de la ACP) e incluyen los casos de prácticas laborales desleales (contenidas específicamente en los Artículos 108, 109 y 110 de la Ley Orgánica de la ACP), las disputas de negociabilidad, estancamientos de negociaciones, certificaciones de unidades negociadoras y representantes exclusivos, entre otras. En este escrito nos vamos a concentrar principalmente en los procesos de Prácticas Laborales Desleales, que son los procesos más comunes que se presentan para la decisión de la JRL.

Con la finalidad de ser breve, y, a riesgo de sonar simplista, les debo indicar que las Prácticas Laborales Desleales son denuncias que se presentan ante la JRL con el propósito que ésta declare la comisión de una conducta desleal de una de las partes (ya sea la Administración o el Sindicato) en su trato con su contraparte y persigue la declaración del incumplimiento de una norma de la Ley Orgánica de la ACP, en violación del derecho de un trabajador, del Representante Exclusivo o de la Administración. Sin embargo, es importante señalar que -sin riesgo de exageración- casi todos los casos presentados ante la Junta son presentados por los Sindicatos en contra de la Administración de la ACP, por considerar que se están violentando los derechos de los trabajadores. La ACP no ha hecho mayor uso de estas denuncias, salvo en muy contadas excepciones. Así las cosas, el Artículo que se invoca frecuentemente en estos casos en contra de la ACP, es el Artículo 108, numerales 1 y 8 de la Ley Orgánica, porque el Sindicato considera que la ACP ha “interferido, restringido o coaccionado a un trabajador en el ejercicio de cualquier derecho que le corresponda…” o por “no obedecer o negarse a cumplir cualquier disposición…”

Cuando se presenta la Denuncia de Práctica Laboral Desleal por un Sindicato, la Junta tiene la obligación de hacer una revisión de la denuncia y, a partir de ello, hace una investigación sobre los hechos alegados en la misma. Luego de esta etapa, le da traslado de la denuncia a la Autoridad del Canal de Panamá, que presenta una respuesta presentando su posición con respecto a la denuncia, esto es, a través de la Sección de Gestión Laboral de la Vicepresidencia de Recursos Humanos de la ACP. Cumplida esa fase, la Junta puede decidir admitir la denuncia o desestimarla.

Asumamos, para beneficio del artículo, que la denuncia se admite. Una vez admitida, la JRL, corre traslado a la ACP, para que, desde la Vicepresidencia de Asesoría Jurídica, un abogado laboralista se encargue de la defensa del caso y presente el Escrito de Contestación correspondiente. Si la ACP no presenta algún escrito, como por ejemplo, alegando la pérdida de objeto litigioso, el proceso debe continuar y se puede efectuar una audiencia preliminar. Posteriormente, más o menos una semana después, inicia la audiencia. En dicha audiencia, las partes presentarán los testigos, peritos y pruebas que consideren convenientes para probar su caso y que hayan anunciado a su contraparte veinte (20) días antes de la fecha de audiencia.

Después de la audiencia, la JRL debe emitir su decisión. Dependiendo de la complejidad del caso, la Junta puede demorar de hasta dos años para emitir esa decisión. Luego de notificadas las partes, tienen derecho a presentar su Recurso de Apelación, si así lo consideran necesario. Para apelar, se tiene que argumentar que la decisión tomada por la JRL es ilegal y se presenta el caso para su resolución ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

Ahora bien. En este tema, debo señalar que es un hecho irrefutable que la ACP apela al 100% las decisiones de la JRL que no le son favorables. En cuanto a los Sindicatos, la apelación dependerá de los fondos con los que cuente el Sindicato para poder pagar los honorarios de abogados que pudiera llevar el caso ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

Este Recurso de Apelación se anuncia ante la JRL y si lo concede, la Junta tiene que decidir si el Recurso en cuestión se concede en efecto devolutivo u otro efecto. Según el Reglamento de Apelaciones de Decisiones de la Junta de Relaciones Laborales, en su Artículo 6 establece que: “Debido a que las decisiones de la Junta son de obligatorio cumplimiento, de concederse el Recurso de Apelación, el mismo se concederá en efecto devolutivo, salvo que existan elementos que la Junta considere que amerita que se conceda en efecto diferente”. Este es el fundamento que requiere que el efecto que debe darse en la mayoría de los casos en la JRL, debe ser un efecto devolutivo. Asimismo, puede la Junta, conceder el Recurso de Apelación en efecto suspensivo (a solicitud de la parte que está apelando la decisión). En los últimos dos años, la ACP, al presentar su anuncio de Recurso de Apelación, ha solicitado que el efecto de la decisión que pretende apelar, sea en efecto suspensivo y la JRL, así lo ha concedido, conforme con lo que establece su Reglamento.

Como litigante, les comento que, luego de presentarse el Recurso de Apelación, nuestra experiencia ha sido que la Sala Tercera de la Corte Suprema puede tomar de cuatro (4) a seis (6) años para emitir su fallo, como resolución final del caso en cuestión. Sumemos a eso que, como hemos indicado, la Junta puede demorarse también, en promedio, hasta dos (2) años en emitir una decisión, en primera instancia. En total, un caso puede tomar de seis (6) a ocho (8) años para que alcance su resolución final.

El régimen laboral especial del Canal de Panamá no contempla la posibilidad de huelga debido a que, cuando se creó este régimen se consideraba que los trabajadores contaban con garantías compensatorias que reemplazaban el derecho a huelga. Estas garantías compensatorias son mecanismos de dirimencia de conflictos (ya sea a través de las quejas en el arbitraje o cualquier otro caso que se presente ante la JRL) deben ser herramientas suficientes para que los trabajadores puedan solucionar los conflictos que se presenten de manera eficaz, eficiente y de manera expedita. Seamos claros. No estoy abogando porque se permita la huelga en el Canal. Eso, jamás. Pero surge una pregunta ineludible: ¿Es eficaz y eficiente un proceso que toma de seis (6) a ocho (8) años para resolver un conflicto y conceder los remedios solicitados para reparar los derechos violados de los trabajadores? La respuesta obvio es no.

Al final, si hay algo que es innegable es que “justicia tardía, no es justicia”.

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