Artículos de Opinión

EL DERECHO ALIMENTARIO ANTES Y DESPUÉS DEL COVID-19
18 mayo, 2020
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Maria Isabel Móran | Opinión | 18 de mayo de 2020

Anteriormente levantamos una investigación enfocada en los factores que incidían con los incumplimientos en los pagos de las pensiones alimenticias de los padres y madres a los hijos menores de edad y el rol que desempeñaban los Juzgados de familias, como institución encargada de velar por la defensa del menor, dichos incumplimientos traerían serias repercusiones en el menor, ubicándolo en un nivel de desprotección y de ausencia de los elementos indispensables para su desarrollo integro.

Esta situación se agravaba con el confinamiento o aislamiento producto de  la pandemia-COVID-19, medida que obligo a miles de panameños con empleos informales a no poder generar ingresos, los altos niveles de desempleos ya sea por suspensión, liquidación o despido por parte de las empresas, trae como consecuencia una serie de reacciones para el alimentista quien en algunas ocasiones no tiene las condiciones necesarias para cumplir con la obligación, otro factor el crecimiento de las familias desunidas, fenómenos sociales que aceleran la desintegración familiar, trayendo como resultado el divorcio y la disputa de los hijos.

La base jurídica de nuestra investigación es la Ley 42 del 7 de agosto de 2012; reformada por la Ley 45 del 14 de octubre de 2016, que dicta disposiciones generales de pensiones alimenticias y dicta otras disposiciones.

Existe, en la situación que plantea la investigación, una colisión de derechos y nos referimos a que por un lado, se encuentra el derecho del sujeto que solicita alimentos; lo cual se encuentra debidamente acreditado tanto en la Norma  Constitucional y en la de carácter especial en el Código de la Familia y Convenciones Internacionales como la de los derechos humanos ; y en otro sentido, el derecho del recurrente de presentar oposición mediante un medio de impugnación, por el cual se trata de revocar o modificar la resolución que afecta su derecho al resultar obligado.

Encontramos en nuestra Constitución Política Panameña el capítulo II, La familia, que el Estado protege la salud física, mental y moral de los menores y garantiza el derecho de estos a la alimentación, la salud, la educación y la seguridad y previsión sociales, e incluye a los ancianos y personas con discapacidad o capacidades diferentes. En este caso nos enfocamos que es el Estado quien realzará obligatoriamente vigilancia sanitaria de los productos o alimentos para el consumidor, con el fin de garantizar salud para los y las ciudadan@s.

En el capítulo sexto sobre “Salud, Seguridad Social y Asistencia Social” señala que el Estado debe velar por la salud en su totalidad, entendida como un completo bienestar físico, mental y social; y enfatizamos al artículo 110 que hace responsable directo al Estado de “desarrollar una política nacional de alimentación y nutrición que asegure un óptimo estado nutricional para toda la población, al promover la disponibilidad, el consumo y el aprovechamiento biológico de los alimentos adecuados”.

Bajo estas normas constitucionales nos basamos a resaltar que el derecho es una ciencia que regula la conducta social, en este sentido el Derecho a la Alimentación está reconocido en diversos instrumentos de derecho internacional en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales donde reconocen que deberán adoptarse medidas inmediatas para garantizar el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre y la desnutrición, entiéndase que en Articulo 11

  1. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos los programas concretos, que se necesitan para:
  2. a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales;
  3. b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países que importan productos alimenticios como a los que los exportan.[1]

El Derecho Alimentario es relativamente reciente, se encarga de vigilar el proceso e industrialización de los alimentos, para el consumidor, y garantiza la calidad de un producto, contempla la creación de un sistema de leyes en la forma en la que se elaboran los alimentos. Crea efectividad en el producto, con pruebas antes de salir a la venta, sistematiza el proceso y la correcta evaluación de los mecanismos de control. Queda revisar las legislaciones que tiene AUPSA en este tema quienes solo velan por los alimentos exportados e importados y DEPA (Departamento de Protección de Alimentos) del MINSA por las plantas y producción nacional.  ¿Sera posible en derecho comparado un Código Alimentario como lo hacen otros países?

No está de más reconocer que Mediante la Ley 46 de 24 de junio de 2015 que reconoce a los profesionales de la salud en el área de Ciencias y Tecnologías en Alimentos, reglamentada mediante el Decreto Ejecutivo No.465 de 27 de octubre de 2016, es la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos AUPSA, por Resolución No. 001-AG-07,10 de agosto de 2007, quien reconoce a COPCYTA como gremio que promueve el conocimiento de la Ciencias y Tecnologías de Alimentos.

 

El profesional en esta área Aplica a los principios a los procesos de industrialización de los Alimentos, el aprovechamientos de las fuentes alimenticias mediante el análisis, diseño, optimación y administración de procesos y equipos para la producción de alimentos inocuos y aceptables para el consumidor, se encarga de realizar investigaciones y elabora metodologías y técnicas para profundizar en las propiedades químicas, físicas y biológicas de los alimentos y controlar o desarrollar procedimientos industriales de su fabricación.

Dentro de las muchas funciones que tiene esta profesión es la Manipulación, procesamiento, almacenamiento y distribución de productos provenientes del sector agropecuario, con el objetivo de transformarlos en Alimentos para el consumo humano. Asesorías y docencias en normas y reglamentos técnicos en materia alimentaria de acuerdo a los principios científicos y avances existentes, participar en el diseño y supervisión de programas de seguridad alimentaria y de control sanitario, estas son algunas de las que considero las dejo para que puedan ser analizadas.

 

Frente al derecho alimentario, surgen interrogantes: según una encuesta realizada.

  1. ¿Serán suficientes las normas legales en referente a este tema?

El 79% respondió que No, mientras que 21% dijo que Sí.

  1. ¿Estamos suficiente formados en temas de alimentación sana?

El 84% respondió que No, mientras que 16 % dijo Sí.

  1. ¿Nuestro sistema físico (inmunitario) está preparado para afrontar el COVID-19?

El 89% respondió que No, mientras que 11% dijo Sí. (Considerando la cantidad de personas que sufren de diabetes o enfermedades no transmisibles asociadas a una mala práctica de alimentación).

  1. ¿Dentro de los planes de estudios de las escuelas y universidades incluyen materias nutricionales basados una alimentación sana?

El 69% respondió que No, mientras que 31% dijo Sí.

Nos quedan estas interrogantes ¿Cuenta el sector agropecuario con suficientes programas, técnicas y avances científicos para transformar alimentos para el consumo humano? ¿Cómo esta Panamá en temas de Derecho Alimentario? ¿Podemos hablar de un código alimentario panameño?

Leyes asociadas al Derecho a la Alimentación

Ley 24 Que adopta medidas para apoyar a los productores agropecuarios afectados por las condiciones climatológicas adversas y otras contingencias

La autora es Licenciada en Filosofía Ética y Valores, Abogada.

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