DUDA RAZONABLE Y PROCESO MARTINELLI.

DUDA RAZONABLE Y PROCESO MARTINELLI.
Por: Silvio Guerra Morales.

Abogado y Catedrático Universitario

I
PROLEGÓMENOS

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, con salvamento de voto de dos de sus magistrados, y bajo la relatoría del Magistrado Wilfredo Sáenz, fue dictada el 13 de Mayo de 2016 una sentencia absolutoria que, a mi juicio, estableció una serie de presupuestos doctrinarios que sin duda alguna permitirían orientar a jueces y fiscales que actúan en el sistema procesal acusatorio.
El fallo en cita hace mención a que, tanto la fiscalía como la defensa, y aún el propio acusado, presentaron sus respectivas posiciones frente a la imputación o acusación y referencia a los medios de pruebas de que disponían, claro está, desde la perspectiva procesal de cada cual. Para la fiscalía lograr la condena y para la defensa la absolución.
El Pleno concedió a las partes un término de quince -15- minutos para la exposición de dicha teoría. Resaltamos el hecho de que cada parte, al menos así lo describe la sentencia, fueron breves en sus exposiciones. Salta la observación de que no constituye la exposición de la teoría del caso un alegato, ni pre alegato, de ninguna manera. Se trata de proyectar al Tribunal el pensamiento o tesis que se ponderará con las pruebas a practicar y analizadas o argumentadas en los alegatos finales. No puede haber proceso sin teoría del caso. Así habrá de quedar claro.
Antes, en el sistema inquisitivo, no es que no existía tal teoría, por el contrario, la misma siempre ha estado presente en las mentes de las partes, pero no constituían parte de la cesura del proceso, como sí acontece en el sistema acusatorio panameño.
El fallo en análisis, contenido en 22 páginas, resalta y pondera, como cuestiones doctrinarias, lo siguiente:

1. Necesidad de desarrollar con estricto cumplimiento las fase del proceso con estricto apego a las garantías del debido proceso (El Proceso Martinelli nunca tuvo fase de imputación de cargos);
2. Obligatoriedad de respetar el principio de congruencia –dada la acusación formal y el delito, es eso lo que debe discutirse y probarse en el juicio y no variar la calificación jurídica salvo excepción legal;
3. La existencia de dudas deben favorecer al reo porque la prueba de cargos presentada debe ofrecer certeza plena, más allá de la duda razonable, para comprobar la culpabilidad (El Proceso Martinelli está plagado de dudas e incertidumbres legales y probatorias);
4. Que en los casos en donde el acusado deba probar la procedencia lícita de sus bienes ello no releva ni exime a la fiscalía de su obligación de probar el delito y la vinculación del acusado;
5. Que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito ya que el Onus Probandi –carga de la prueba-recae en quien acusa (Según se ha dado a conocer en los medios de comunicación y siendo testigos periodistas , abogados y curiosos que han asistido a las audiencias, los fiscales no han podido probar los elementos configurativos del o los delitos y las pruebas de la fiscalía le han sido adversas en su pretensión de condena, resaltando las contradicciones de los testigos);
6. Que el fiscal debe probar la realización del tipo penal en forma clara, contundente y haciendo uso de los medios objetivos de pruebas más allá de toda duda razonable;
7. Que in dubio pro reo –la duda favorece al acusado- y presunción de inocencia están vinculados armónicamente, por lo que la prueba insuficiente lleva a la convicción del juzgador de dictar la absolución del acusado;
8. Que el tribunal debe quedar satisfecho más allá de toda duda razonable pues el estándar aprobatorio requerido para una condena penal es ese y no otro;
9. Que no se trata de presumir los cosas, pues los hechos deben ser demostrados a través de los medios de probatorios lícitos en un amplio debate –contradictorio-;
10. Que la teoría del caso presentada por el Fiscal debe se probada en la medida que no deje ninguna duda razonable en la mente del juzgador, es decir, si el acusado es o no culpable.

II
LA DUDA RAZONABLE Y DEL DERECHO COMPARADO.

En algunas legislaciones, en la chilena por ejemplo, a los jueces les está vedado fallar en contra del acusado cuando media la duda razonable, y por el contrario, el postulado probatorio para la condena debe superar, estar más allá, de toda duda razonable. La norma chilena prescribe lo siguiente:

Artículo 340.- Convicción del tribunal. Nadie podrá ser condenado por delito sino cuando el tribunal que lo juzgare adquiriere, más allá de toda duda razonable, la convicción de que realmente se hubiere cometido el hecho punible objeto de la acusación y que en él hubiere correspondido al acusado una participación culpable y penada por la ley.
El tribunal formará su convicción sobre la base de la prueba producida durante el juicio oral.
No se podrá condenar a una persona con el solo mérito de su propia declaración.

III
EN TORNO AL CONCEPTO DE “LA DUDA RAZONABLE”.

No está demás decir que entender el estándar de la prueba más allá de la duda razonable, lo que se quiere expresar es que si la prueba no vence aquella incertidumbre fundamentada en la razón y en la lógica de las cosas, que no la supera, mal puede el tribunal dictar condena en contra del acusado.
Se descarta, obviamente, la decisión basaba en la conjeturas o en los caprichos.
Para algunos la duda razonable puede ser superada por un mínimo de certeza para fundar la decisión del caso, cuestión que nos parece, a todas luces, contraria al debido proceso, pues si hablamos de la plena prueba para la condena, mal podríamos luego justificar una sentencia de condena sobre un mínimo de certeza. Por el contrario, se requiere certeza plena, no mínima.
IV
ORIGEN PROBABLE DEL CONCEPTO:
DUDA RAZONABLE
Es probable que el concepto de la “duda razonable”, hoy tenido como
estándar en materia probatoria, se origina en el derecho inglés –Common Law-; sin embargo, no faltan quienes le atribuyen su nacimiento en las cuestiones propias de la teología cristiana pre moderna, ya que se le permitía los integrantes del jurado, no al acusado, salvar sus almas ante la decisión y que ellos estando por encima de “toda duda razonable”, podrían dormir en paz, por lo que tal concepto no nace como cuestión a emplear a favor del acusado, sino, como queda dicho, a favor de los propios integrantes el jurado. Era un pecado capital, en cuestiones de la fe, condenar a un inocente sin pruebas ciertas y casi absolutas de su culpabilidad. Como queda expuesto, podrían condenar a un culpable sin poner en riesgo su propia salvación siempre y cuando la decisión de condena estuviera por encima de toda duda razonable.
No obstante, retornando al Common Law, en razón de él es posible comprender el por qué se encuentra legislado o incluido en los distintos sistemas jurídicos u ordenamientos legales que se derivan de él, primordialmente en los Estados Unidos y Canadá.
La Historia del Derecho nos informa que la primera alusión a la duda razonable data de finales del Siglo XVIII, aproximadamente para el año de 1770.
La historia también da cuentas de las instrucciones que daban los jueces al jurado, de las cuales se destacan las siguientes:

a. “Si apreciando las evidencias presentadas, mantiene alguna duda razonable… él (imputado) tiene derecho a su absolución”;
b. “Si usted tiene alguna duda, usted debe absolverlo”;
c. “Si usted tiene dudas sobre el caso, por supuesto que debe absolver al prisionero”;
d. “Si hay una duda razonable, en ese caso esa duda debe ser decidida a favor del prisionero”;
e. “Si usted ve cualquier duda razonable, usted debe absolverlo”.
Como es de comprender, este tipo de juicios indicaban la aparición virginal de la regla procesal de la congruencia y de la necesidad de motivar las decisiones de los jueces y superaban los penosos estadios de los juicios de las Ordalías o Juicios de Dios connotados por una perversión sin límites y ausente de toda lógica e irracionalidad.
V
DUDA RAZOABLE Y SISTEMA ADVERSARIAL.

En todo caso, lo que se observa, es que el defensor fue incrementando su protagonismo en los procesos y se afirmó la nota adversarial en los juicios y del contradictorio por lo que se establecieron reglas precisas a los poderes del juzgador.
De allí que, sumado a la necesaria imparcialidad del juzgador, se generaron las condiciones y circunstancias para que a semilla de la duda razonable germinara con mucha fuerza y tesón.
ES COMPRENSIBLE, LUEGO, PODER AFIRMAR QUE EL CONCEPTO DE LA DUDA RAZONABLE NO PUEDE SER ENTENDIDO SINO EN FUNCIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA, DEL CONCEPTO DEL IN DUBIO PRO REO Y DEL ESTADO DE INOCENCIA.
Por ello, se tiene claridad y existe consenso en la doctrina que si el acusado en juicio puede ser privado de su libertad ambulatoria e inclusive, hasta de su propia vida –para los países en donde existe la pena de muerte-, es obvio que toca o corresponde de modo único y exclusivo, sin defecto de la querella, que la fiscalía pruebe de modo pleno la culpabilidad del acusado -por ello hablamos de plena certeza probatoria para la condena-.
No obstante de lo anterior, a pesar del uso frecuente que se hace en el plano de la doctrina y de la jurisprudencia, a diario en la practica tribunalicia, de la expresión duda razonable, es de observar que tal concepto no es definido por la Ley, mal podría serlo, ya que no se puede encasillar en el texto de una norma un significado del mismo y con ella aprisionar todas las interpretaciones, extensión y alcance del concepto, cuestión que es y será tarea ineludible de los jueces darle sentido, alcance, importancia y vida.
Son los jueces los únicos responsables de la sentencia, ellos son sus autores En consecuencia, la condena debe estar por encima, insistimos, de toda duda o filón de incertidumbre que se abre paso en el proceso. Como sostenía Voltaire: “Es mejor exponerse a absolver a un culpable que condenar a un inocente”. O mejor dicho: “In obscuro libertatem prevalere” -En obscuridad prevalece la libertad-.

VI
LÍMITES PROBATORIOS Y DUDA RAZONABLE COMO DERECHO FUNDAMENTAL.

Por ello, sin duda alguna, la prueba debe rebasar el límite de la duda razonable, estar por encima de ella, rebasar sus linderos, ya que no es cualquier prueba, menos la deficiente, ineficaz, la ilícita, la contradictoria, plagada de incertidumbre y dudas, en fin, la que pueda destruir o desmoronar el sólido fundamento constitucional, convencional y político, del estado de inocencia que toca y corresponde a cada persona en el mundo civilizado y en el Estado de Derecho.
En razón de ello, podemos sostener que la carga de la prueba recae en la acusación, a lo largo de todo el juicio, y nunca cambia o se transmite al acusado.
Pasa, de este modo, el concepto de la duda razonable a ser, sin duda alguna, una norma o pauta que los jueces habrán de respetar en sus decisiones y a la cual deben seguir, en cada caso, en donde la evidencia o prueba no arroja mayores visos de certeza probatoria plena en contra del acusado o si, por otra parte, deja un filón en donde la mente del juzgador se ve seducida por la incertidumbre.
Es de mencionar que en Estados Unidos el concepto de duda razonable ha sido considerado por la Corte Suprema como un derecho fundamental, plasmado en el espíritu de la propia Constitución, aun cuando tal derecho ni siquiera aparezca así expresamente mencionado.
VII
LA DUDA RAZONABLE: PERSPECTIVA DE CONOCER AL ACUSADO FRENTE A LEY.

Como corolario, debo enfatizar que la norma de Derecho, la jurídica, no es un escaparate para imponer penas y sanciones por arte de birli birloque.
Que la norma jurídica siempre ha de tener un tramo poco tomado en cuenta por jueces y fiscales, consistente en el tramo de la conducta humana.
Esa conducta propia de todo ser humano caracterizada por sus fortalezas y debilidades; por sus críticas y ataques; por su bondades y falencias; por sus fallas y caídas; por la derrota y el triunfo; por las aflicciones y alegrías, por tristezas y éxitos. Como decía Kant, “Hombre conoce Ley, Ley conoce hombre”.
El jurista –jueces, fiscales, abogados defensores- también deben considerar, seriamente, lo que señalaba el mismo Kant, el de la Metafísica y Critica de la Razón Pura, en cuanto distinguir entre el fenómeno y el nóumeno. Esto es, entre apariencia y esencia, entre superficialidad y sustancia, entre forma y contenidos.
¡Ay del jurista que emite consideraciones y hasta conclusiones dejándose orientar por lo falsario y lo apariencial! Yerra, peca, comete deslices imperdonables.
Qué triste realidad cuando la verdad y la sustancia nos gritan que nos equivocamos y todo por dejarnos guiar también por la pasión, la emoción y dejando en el banquillo de la esquina, marginado, el raciocinio.
La duda razonable, en este punto, en el puro y pleno raciocinio, pasa a ocupar el trono de la justicia, el fiel de la balanza, para inclinarse ante el paradigma de una justicia y no de la injusticia.

VIII
DUDA RAZONABLE, TEORIA DEL CASO Y SENTENCIA.

¿Debe quedar plasmada, en la parte motiva de la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio, la teoría del caso expuesta por las partes?.
Somos del criterio afirmativo, positivo. Ello surge a raíz de que la teoría del caso forma parte en la estructura propia de la fase plenaria del proceso y que, como ya se ha visto, el Artículo 367 del Código Procesal Penal, la prescribe como esencial al proceso, a diferencia de otras latitudes, como acontece en la legislación colombiana, en donde se deja al deseo de la defensa.
Pero, en otro orden, precisa acotar que para los efectos de los eventuales recursos y acciones de garantías constitucionales que pueda impetrar la parte agraviada por la sentencia, es propicio, indispensable que quienes hayan de conocer de dichos recursos o acciones conozcan la teoría del caso de las partes, máxime cuando no se cuenta con un expediente propiamente tal, sino de actuaciones y diligencias que son grabadas o que reposan en soportes técnicos.
La Corte Suprema de Justicia de Panamá, en las diversas causas que ha atendido al plasmar, vía escrita, la decisión o sentencia, ha dejado constancia o relato de la teoría del caso expuesta por cada parte, inclusive de las razones expuestas por el acusado.
Solo desde este punto de vista, confrontando teoría del caso y prueba, puede emerger la importancia de la duda razonable como derecho fundamental del acusado y los jueces deben ser rigurosos en su aplicación y vigencia en el análisis de las pruebas.
IX
OPINIO IURE.

Desde nuestra modesta óptica o visual jurídica, de caras al caso del Ex Presidente RICARDO MATINELLI BERROCAL, no veo cómo podría el TRIBUNAL DE JUICIO, producir una sentencia de condena.
Con el respeto debido, solo me resta decir: Dios Bendiga a la Patria!.

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