Artículos de Opinión

Constituyente, imperativo nacional
12 de noviembre de 2019
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Franklin Castrellón
Periodista

En sintonía con el pueblo panameño, en su Plan de Gobierno el presidente Laurentino Cortizo se comprometió a impulsar en su primer año de gestión un nuevo orden constitucional enfocado hacia los títulos que rigen a los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con miras a que el Estado cuente con una estructura de gobierno moderna y eficiente. La actual estructura, decía, “se ha convertido en un obstáculo al desarrollo económico y social del país”, y a la lucha contra la corrupción.
La Carta Magna estipula tres opciones para modificarla o reemplazarla:
1) Mediante acto constitucional aprobado en tres debates por mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional, el cual debe ser publicado en la Gaceta Oficial y transmitido por el Ejecutivo a la AN electa en las siguientes elecciones, para su aprobación, sin cambios en un solo debate por la mayoría absoluta;
2) Por acto constitucional aprobado en tres debates por la mayoría absoluta de la AN en una legislatura y aprobado, igualmente, en tres debates por mayoría absoluta de la AN en la legislatura siguiente, en cuyo caso se le pueden introducir modificaciones al texto. El acto así aprobado deberá ser publicado en la Gaceta Oficial y sometido a referéndum popular; y
3) Por una Constituyente Paralela que podrá ser convocada por el Presidente, con la aprobación de la mayoría absoluta de la AN, o por el Órgano Legislativo con la aprobación de las dos terceras partes de sus miembros, o por iniciativa ciudadana acompañada por la firma de, por lo menos, el 20% de los electores registrados al 31 de diciembre del año anterior a la solicitud.
Como ciudadano institucional que es, Cortizo respetó le asignación dada por su predecesor a la Concertación Nacional para el Desarrollo (CND) para que presentara un paquete de reformas enfocadas a atacar la débil institucionalidad en materia de pesos y contrapesos, y eliminar normas que favorecen la impunidad, el clientelismo y la corrupción. Creada mediante la Ley 20 de 2008, e integrado por representantes del gobierno, gremios sindicales y empresariales, iglesias, universidades, pueblos indígenas, la sociedad civil y los partidos políticos, la CND es el ente más representativo de la sociedad panameña.
Como vía para reformar la Constitución, el presidente escogió la opción No. 1. En cualquier país políticamente civilizado, esa era mejor decisión, mas no en Panamá, cuya Asamblea Nacional es el reflejo de la crisis que abruma a los partidos políticos. Fue así como el proyecto de reformas constitucionales preparado por la CND pasó a la Asamblea, luego de ser avalado íntegramente por el Consejo de Gabinete. Y, como era de esperarse, allí sufrió una completa deformación al pasar el tercer debate, convirtiéndose en un adefesio constitucional. He aquí algunos ejemplos:
• Los diputados eliminaron las normas que limitaban la reelección a un periodo adicional en forma consecutiva; la restricción a los suplentes a devengar emolumentos solo cuando reemplacen al titular, y la prohibición de que el suplente sea el cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del principal.
• En desafío de la propuesta original consensuada en la CND, incluyeron un artículo que asigna funciones permanentes al suplente, con su respectiva remuneración, además de reemplazar al principal en sus faltas temporales o absolutas.
• Eliminaron la cláusula que asignaba al Procurador General de la Nación (PGN) la facultad de investigar a los diputados y de ser juzgados en primera instancia por tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y asignaron al Procurador de la Administración la facultad de investigarlos. Y para neutralizar la función de este, crean la figura de un Fiscal Especial Superior, nombrado por la AN, con la función de investigar al Procurador de la Administración y al PGN.
• Entre las funciones administrativas, la AN se atribuye la facultad de censurar a los ministros de Estado y de cesarlos en el cargo, previo el voto favorable de dos tercios de sus miembros.
• Además, se atribuyen el poder adicional de recibir y aceptar la renuncia de los funcionarios nombrados por la AN, concederles vacaciones y licencias, y de sancionarlos por la comisión de faltas administrativas o policiales.
En respuesta a protestas estudiantiles, gremiales y de la sociedad civil, el Presidente Cortizo se ha comprometido con el actual Presidente de la AN a remover los “goles” introducidos por los diputados cuando el acto constitucional sea tratado en la próxima legislatura. Tiene en contra de su compromiso a la peor Asamblea Nacional en los registros de nuestra historia.
El Presidente de la República ahorraría dinero al país y se evitaría graves problemas políticos si accede a la demanda de los sectores que abogan por que retire el proyecto de la Asamblea, y opte por el camino de una Constituyente Paralela. Esta se nutriría de los aportes hechos por la CND y por el anteproyecto de Acto Constitucional presentado en enero de 2012 por la Comisión Especial de Consulta de las Reformas a la Constitución Política de Panamá designada por el expresidente Ricardo Martinelli.

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