Medellín (Colombia) (AFP) –

Unos 1.200 campesinos han sido evacuados en el noroeste de Colombia ante la emergencia desatada por la crecida del río que alimenta el proyecto hidroeléctrico más grande del país, según un nuevo balance suministrado este miércoles por las autoridades.

El domingo 600 pobladores de Puerto Valdivia, en el departamento de Antioquia, ya habían tenido que desalojar sus viviendas a raíz del aumento del caudal del río Cauca.

Pero ante el riesgo de una nueva emergencia, el sistema de prevención de desastres declaró la máxima alerta en los municipios Tarazá, Cáceres y Nechí, ubicados ‘aguas abajo’ de la represa Hidroituango.

En total unas 170.000 personas habitan en 12 municipios que abarcan la zona de influencia de la construcción.

‘El llamado a los habitantes de estos municipios es a atender todas las solicitudes de las autoridades frente a la evacuación’, dijo Juliana Palacios, portavoz de la entidad.

El caudal del río comenzó a elevarse peligrosamente tras una falla geológica que taponó los túneles de Hidroituango, la obra más grande que se construye en Colombia.

La Empresa Pública de Medellín (EPM), el mayor socio del proyecto, trabaja a marchas forzadas para elevar las paredes de la represa y canalizar la furia de las aguas.

‘Nuestro interés primordial es realzar la presa siete metros más del nivel en que se encuentra actualmente’, explicó Jorge Londoño, gerente de EPM, en rueda de prensa.

Las autoridades insistieron en que la evacuación es de carácter ‘preventivo’ ante el peor escenario que pueda ocurrir, descartando de momento un colapso de la obra.

La fuerte temporada de lluvias también ha aumentado el riesgo de un desastre mayor.

Los organismos de socorro recomendaron a las autoridades de los departamentos de Sucre, Córdoba y Bolívar (norte), por donde también fluye el río Cauca, permanecer en alerta.

Hidroituango, que deberá cubrir el 17% de la demanda energética de Colombia, cuenta con una inversión superior a los 3.000 millones de dólares y tendrá una capacidad de 2.400 megavatios. Su puesta en marcha está prevista para este año.

Grupos ambientalistas han denunciado que la construcción ha generado ‘desalojos forzados’ y la falta de compensación justa por las tierras y planes de reubicación.

Además del rechazo de pobladores, un grupo de 25 eurodiputados pidió recientemente frenar la construcción de la central hidroeléctrica para permitir recuperar cuerpos de víctimas del conflicto armado antes del llenado del embalse.