Artículos de Opinión

Animales domésticos amarrados y acompañados
22 marzo, 2020
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Abogado y profesor de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Panamá. Actualmente, investigador invitado de la Universidad de Bremen, Alemania.

Prof. Orestes Arenas Nero
El gobierno de la República de Panamá acaba de publicar la Ley 133 de 2020. A través de ella se ratifica la protección a los animales domésticos de tratos crueles por parte de las personas. Dicha protección puede ser reclamada ante los jueces de paz o ante la instancia penal, cuando sean hechos graves. También modifica la Ley 70 de 2012, específicamente su artículo 10, numeral 7. El mismo dicta lo siguiente: “Cuando se trate de un perro, deberá salir a la calle con una persona responsable, la cual debe hacer uso debido del collar y la correa para controlar adecuadamente al animal sin hacerle daño físico o psicológico.”
De lo anterior se desprende que, si un perro sale a la calle, la correa y el collar no debe producirle ningún tipo de daño. De ocasionarle algún perjuicio corporal o mental al animal, la persona responsable podrá ser sancionada. También implica la prohibición de que un perro esté solo en la calle. También se obliga a los dueños de los perros que, si los sacan a la calle estos deberán tener collar y correa, por lo que desde la fecha no debe haber ningún perro suelto por las calles de Panamá. Toda persona que saque un perro a la calle, deberá hacerlo con collar y con correa, para evitar daños físicos y psicológicos de otras personas.
Según el artículo 15, numeral 7 de la Ley 70 de 2012, si se contraviene la disposición explicada, entonces se estaría cometiendo una falta administrativa. La sanción frente a la contravención del precitado numeral 7 está consagrada en el artículo 17 de la Ley 70 de 2012 (modificada), que es el pago de una multa que oscila entre los B/.100.00 y los B/.1,000.00. Además, se le podrá imponer la realización de trabajo comunitario, así como la asistencia a cursos sobre los derechos de los animales. Dichas sanciones deberán ser impuestas por las casas de justicia comunitaria de paz. Para esto, se adicionó el numeral 7 al artículo 29 de la Ley 16 de 2016, que dispone que los jueces de paz son competentes para conocer las “molestias o daños causados por animales domésticos o en soltura; así como los casos de violencia, maltrato o lesiones contra estos.”
En conclusión, toda sociedad civilizada como la nuestra protege a las personas de los peligros que representan los perros para la integridad física y psicológica de los seres humanos, así como también protege a los animales de sufrir tratos crueles.

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