Artículos de Opinión

ALIADOS DE LA CORRUPCIÓN
26 de febrero de 2020
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Articulo de Opinión | Franklin Castrellón | 26 de febrero de 2020

El mayor problema que enfrenta Panamá, del que emergen casi todos los demás, es el de la corrupción generalizada en la clase política, enquistado este germen principalmente en la cúpula de los partidos.  Como quiera que nuestro sistema está diseñado para que los partidos se turnen en el control del poder político, para corregir esta enfermedad endémica hay que comenzar por atacar a los aliados de la corrupción. Pero, ¿Cuáles son estos?

Uno de los principales aliados de la corrupción es el fuero electoral. Su origen se remonta a 1689, cuando se decretó en el Reino Unido la Carta de Derechos Individuales (Bill of Rights), pero estaba limitado a proteger a los parlamentarios contra acciones legales por opiniones expresadas en los debates. En Panamá el fuero electoral se aplicó por primera vez  en 1993 (Ley 17 del 30 de junio) para proteger a los trabajadores que fuesen postulados a cargos de elección popular contra despidos o desmejoramiento en sus empleos.

El fuero penal electoral, como se le conoce hoy día, fue aprobado por la Ley 60 del 29 de diciembre de 2006. Beneficia a funcionarios electorales, candidatos de libre postulación, y candidatos a puestos directivos en partidos políticos, que no pueden ser detenidos, arrestados o procesados sin autorización del Tribunal Electoral, excepto en caso de flagrante delito.  Este fuero ha degenerado de tal manera, que, para proteger a activistas acusados de corrupción, algunos partidos han adoptado la práctica de postularlos, otorgándoles un blindaje que prácticamente impide que sean investigados.

El peso del fuero penal electoral alcanza mayor relevancia ante una justicia en crisis, muchos de cuyos funcionarios actúan con timidez ante el poder político y económico. Y adquiere mayor gravedad cuando el Tribunal Electoral actúa con excesiva lentitud y “prudencia” cuando maneja solicitudes de levantar el fuero a un político. Toda esta combinación de factores ha transformado al fuero en un escudo protector de políticos que se niegan a rendir cuentas ante la justicia.

Los obstáculos para recuperar bienes robados al Estado, constituye otro estímulo a la rampante corrupción en Panamá. En cambio, en otros países, las leyes están diseñadas para recuperar dineros mal habidos. El 5 de febrero de 2020, BBC de Londres reportaba que el gobierno inglés le decomisó una lujosa mansión y una cancha de golf a una mujer (Zamira Hajiyeva) por no haber podido justificar su enorme fortuna. Su esposo cumple pena de prisión por fraude en su nativa Azerbaiján.

La recuperación de bienes robados no es algo nuevo. En los tiempos de la colonia, España extendió a sus colonias el llamado “Juicio de Residencia”, que se aplicaba a virreyes, gobernadores, capitanes, jueces, alcaldes y otros funcionarios. Mediante esos juicios se auditaba el desempeño de sus funcionarios y la recolección de pruebas las realizaba el juez en el mismo lugar en donde ejercía funciones.  El proceso tenía dos fases, una secreta y otra pública, y aparte de multas y otras sanciones se procedía a decomisar los bienes robados.

En Panamá, los entes responsables de perseguir los delitos de corrupción y la recuperación de bienes públicos, deben copiar las normas de otros estados que han logrado avances significativos en la lucha contra la corrupción.  Con el propósito de ayudar a los países en esa dirección, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) provee mecanismos de asistencia para ayudar a los países signatarios a cumplir la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Además, el Banco Mundial creó, en asocio con la UNODC, la Iniciativa de Recuperación de Activos Robados, que ha desarrollado herramientas prácticas para que los gobiernos recuperen activos robados, incluso antes de que ocurra una condena.

La falta de cultura ciudadana en gran parte de la población panameña es, a mi juicio, otro aliado importante de la corrupción. Es común escuchar a personas justificar a un político corrupto “porque todos roban”, o porque “este roba, pero hace”. Como reza un refrán popular, “algo peor que un político corrupto, es un ciudadano que lo defienda”.  Lamentablemente, muchos de los procesados por casos de corrupción son respaldados por esta calidad de individuo.

La lucha contra la corrupción no podrá tener éxito, sino se ataca con firmeza a sus aliados, especialmente mediante la formación de auténticos ciudadanos.  Es decir, individuos con valores que elijan a ciudadanos ejemplares para cargos de elección popular, que se activen en la política y la sociedad civil, y que denuncien la corrupción cuando la detecten. Al fin de cuentas, cuando un funcionario roba le resta a los ciudadanos mejores oportunidades y condiciones de vida.

                                         

 

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