Artículos de Opinión

Al oído de Panama Ports
2 de marzo de 2021
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Al oído de Panama Ports……..

Tomás Paredes Royo

Dicen que es mala educación dar un consejo u opinar sobre un tema cuando a uno no le han preguntado.  Sin embargo, por la naturaleza pública del tema de la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal, ganada en licitación pública internacional en 1997 por la empresa Hutchinson Whampoa, pero ahora más por la renovación de dicho contrato y el interés público que esta despierta, voy a sugerir algunos puntos a la empresa operadora local, Panama Ports Company (PPC), para que después de 25 años, mejore su posibilidad para que el Estado panameño renueve y mantenga por 25 años más esa concesión, un final que en lo personal es muy poco probable vaya a testimoniar.

En 1997 la concesión estuvo nublada por las inseguridades e incertidumbres de un proceso de privatización de los activos del Estado.  No obstante, a pesar que desde su reversión a la República de Panamá los puertos de Balboa y Cristóbal estaban al vaivén y al antojo, primero de los militares y luego  de los políticos de turno y los sindicatos clientelistas, las características definidas por la posición privilegiada de ambas instalaciones a las entradas del canal, la infraestructura y el equipamiento existente que permitían brindar el servicio a todo tipo de naves y la misma operación vigente de los dos puertos, hacían que el riesgo para cualquier empresa se minimizara en función de los beneficios que obtuviera en el contrato de concesión y el nivel de experiencia como operadora portuaria a nivel internacional.  Hutchinson Whampoa obtuvo ventajas por una y por la otra.   

Pero para hablar de un segundo periodo de 25 años  es menester cambiar  el patrón utilizado para otorgar inicialmente la concesión, cuyos términos y condiciones fueron significativamente modificados en los años  2001 y  2005 sin mayores complicaciones ni aspavientos.  PPC debe saber que en un mundo cada vez más globalizado, la justicia contractual incorpora consideraciones morales y éticas para imponer conceptos de equidad, equilibrio, proporcionalidad, compromiso y buena fe, como elementos indispensables para garantizar la sostenibilidad jurídica, cualidades ausentes en el contrato actual y sujetas a empeorarse si nos proyectamos al 2047.

En este sentido, PPC debe pensar seriamente si le conviene a ferrarse ahora a una cuestionada cláusula de “renovación automática”,  en un contrato cuyos términos y condiciones no son favorables  de manera equitativa para ambas partes y que deja en entre dicho su validez, al margen de cualquier invocación a lo que hoy con demasiada facilidad y parcialidad se califica como “seguridad jurídica”.  O evaluar si es razonable pretender que el pago de dividendos atrasados y el pago adelantado de sus ganancias estimadas como fórmula para justificar la renovación de la concesión, acompañados de un acto de contrición y una obligada promesa de enmienda, servirán para esconder futuros incumplimientos a favor de sus accionistas privados, con el silencio cómplice, o por lo menos sospechoso, de los representantes del Estado panameño en su Junta Directiva.

Más aún, PPC debe medir si la crisis económica y la necesidad de recursos que se experimenta hoy como resultado de varios factores seguirá agobiando al país y que por ello, o con ello,  la empresa podrá imponer a los funcionarios de futuros gobiernos, a su placer o conveniencia, interpretaciones o prácticas contractuales que benefician a la empresa y menoscaban los intereses de Panamá.  O decidir si a la empresa le resulta seguro apostar a que en los próximos años no habrá cambios radicales en la moral y la verticalidad de los panameños, incluyendo políticos, medios de comunicación, dirigentes gremiales y sindicales, abogados, publicistas, relacionistas públicos, periodistas, “influenciadores”, intelectuales, artistas, o panameños en general, y que por lo tanto PPC  seguirá recibiendo el apoyo alegre y entusiasta de algunas personas influyentes, que con sus opiniones, evaluaciones y decisiones intentarán  justificar cualquier incumplimiento de la empresa.

En conclusión, exigir la renovación de la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal en los mismos términos y condiciones existentes sin valorar los incumplimientos de los primeros 25 años; desconocer la necesidad de replantear en un nuevo contrato la dimensión geoestratégica de la actividad portuaria para el desarrollo del país, particularmente su potencial logístico; no revisar los valores económico-financieros de la concesión proyectados en el tiempo, incluyendo las políticas de inversión y declaración y pago de dividendos, pudiera convertirse en una victoria a muy corto plazo para PPC y un despropósito para cumplir su objetivo de ser un permanente jugador de clase mundial en el desarrollo del sector marítimo con presencia en la República de Panamá.       

 

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